Dentro del paquete que incluye la Ley Hojarasca, se impulsa el divorcio administrativo, es decir, terminar con el matrimonio sin crear un expediente judicial, siempre que los cónyuges estén de acuerdo.

Ricardo Gil Lavedra, Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal, señaló su rechazo al proyecto, ya que "el divorcio implica más que solo la separación de vínculos y se encuentra inseparablemente unido a otras cuestiones que tienen que ver con lo patrimonial, la distribución de los bienes de la sociedad conyugal y los hijos, entre otros" .

Agregó que "además, la única manera de que se garantice que no haya abusos en esos acuerdos o exceso de parte de la posición predominante de algún cónyuge es con el juez".

“Hay un desconocimiento de nuestro Código Civil en cuanto a la necesidad de considerar integralmente todos los efectos del divorcio", sentenció.

En cuanto al evento en Río Cuarto para conmemorar los 30 años de la reforma constitucional de 1994, consideró que es la más legítima y crucial para el ordenamiento jurídico argentino. 

En cuanto al proyecto que se presentó en Córdoba que promueve la inclusión de mujeres en la Corte Suprema de Justicia, expresó que "es necesario y acorde con la Constitución y tratados internacionales que defienden la igualdad de género en el acceso a funciones públicas". Añadió que "es una regresión inaceptable".



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