El gobierno de Javier Milei presentó en el Congreso un proyecto de ley que busca transformar radicalmente los procesos de divorcio en Argentina.

La iniciativa propone la posibilidad de disolver el vínculo matrimonial de manera administrativa, es decir, sin la necesidad de recurrir a la Justicia. Esta medida, que solo será válida si ambos cónyuges están de acuerdo, apunta a simplificar y agilizar los trámites, reduciendo costos y tiempos.

La propuesta del Ejecutivo consiste en modificar el artículo 435 del Código Civil y Comercial, incorporando una nueva causal de disolución del matrimonio: el divorcio administrativo.

Los principales argumentos que sustentan esta iniciativa son:

Agilización de los trámites: el divorcio administrativo permitirá a las parejas disolver su matrimonio de manera más rápida y sencilla, evitando los largos procesos judiciales.

Reducción de costos: al eliminar la necesidad de contratar abogados y abonar tasas judiciales, el divorcio administrativo será una opción más económica para los ciudadanos.