La crisis interna que hace más de un mes sacude al bloque de diputados de La Libertad Avanza por la visita a represores presos en Ezeiza promete una nueva erupción este martes: con aval de Martín Menem, la bancada expulsará a Lourdes Arrieta, la mendocina que, en sucesivos intentos por despegarse de la polémica, responsabilizó al presidente la Cámara baja, denunció a sus colegas en la Justicia y filtró los chats donde se gestó el traslado.

Arrieta, de 31 años, será eyectada del bloque que preside el cordobés Gabriel Bornoroni en una reunión programada para las 20.30 sin la presencia de Menem. Será en el Salón Blanco de Diputados, el mismo donde el miércoles pasado la diputada estalló a los gritos contra sus colegas y los acusó de “hacerle una cama”.

En la previa de la reunión, Arrieta fue desplazada del armado de La Libertad Avanza en Mendoza. La diputada dejó de ser presidenta de la Junta Promotora y también apoderada, al igual que su hermano Martín, con quien venía de protagonizar un escándalo por afiliaciones falsas. El obligado recambio lastima la estrategia electoral en una provincia donde el presidente Javier Milei arrasó.

Echar a un legislador de un bloque es una decisión con escasos antecedentes: el último es ni más ni menos el de Cristina Kirchner, expulsada de la bancada de senadores del PJ en 1997 porque, en el marco de sus cuestionamientos hacia el entonces presidente Carlos Menem, se negó a apoyar el proyecto de creación del Consejo de la Magistratura y así impidió que se conformara la mayoría necesaria para insistir con la versión original.

La expulsión de Arrieta debilitará aún más al oficialismo, que viene de recibir dos golpes consecutivos la semana pasada con el rechazo al DNU de fondos reservados de inteligencia y la sanción de la ley de movilidad jubilatoria, a lo que se suma haber perdido la presidencia de la Bicameral de Inteligencia en manos del senador radical Martín Lousteau.

Con la salida de Arrieta, el oficialismo se verá reducido a 37 miembros y quedará a la par del PRO, que es segunda minoría después de Unión por la Patria, que tiene 99. El bloque libertario ya había padecido la partida de Carolina Píparo, primero, y de Oscar Zago después. Ambos formaron sus propios bloques, que orbitan como satélites de La Libertad Avanza pero sin ser parte de un interbloque.

También está en la cuerda floja la santafesina Rocío Bonacci, otra de las diputadas que dijo haber ido “engañada” a Ezeiza y también apuntó contra Menem, aunque el bloque no tomaría represalias contra ella. Tampoco contra la periodista Marcela Pagano, quien buscaba contener a las diputadas y ya se había cruzado con el titular de la Cámara por la Comisión de Juicio Político.

En las filas de Bornoroni intentan ponerle punto final a la polémica por el viaje a Ezeiza, pero el tema promete seguir en agenda: la macrista Silvia Lospennato convocó para el miércoles a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento con el fin de escuchar a especialistas que hablarán sobre las facultades disciplinarias de la Cámara.

El camino a la expulsión

El malestar del bloque libertario con Arrieta se encendió el último martes, cuando la mendocina defendió en la Comisión de Peticiones la creación de una comisión especial para investigar la visita a genocidas del pasado 11 de julio, donde participaron seis diputados, quienes viajaron en un vehículo oficial y se entrevistaron con represores de la talla de Alfredo Astiz.

En ese contexto, Arrieta afirmó que Menem debe dar explicaciones y lo responsabilizó por la iniciativa. “No nos mandamos solos. No me voy a subir a una combi sin algún tipo de aval político”, dijo ante los ojos de Bornoroni, desoyendo la sugerencia de bajar el nivel de exposición para sacar la interna de la agenda mediática.

Pero para La Libertad Avanza, la gota que rebalsó el vaso fue la denuncia penal que presentó Arrieta contra sus colegas para que se investiguen los posibles delitos de coacción agravada, abuso de autoridad y violación de deberes de funcionario público, conspiración y malversación de fondos públicos.

La acusación fue desestimada por el fiscal Sergio Mola con durísimos argumentos (en su dictamen habló de “consideraciones de un infantilismo que hieren la inteligencia”), pero para la mayoría del bloque marcó un punto de inflexión. “Se cruzó una línea roja”, advierten los detractores de Arrieta, y la acusan de estar “manipulada por un sector del kirchnerismo”.

Para sostener esa afirmación, recuerdan que el abogado de la denunciante, Yamil Castro Bianchi, fue quien hizo la denuncia contra el diputado Gerardo Milman (presuntamente involucrado en el atentado contra la expresidenta Cristina Kirchner) por supuesto lavado de dinero cuando se desempeñaba como secretario de Seguridad.

El fin de semana, Arrieta publicó en su cuenta de X una serie de chats que muestran cómo se gestó el traslado a Ezeiza, organizado por el diputado entrerriano Beltrán Benedit con intervención del padre Javier Olivera Ravasi, quien por ese motivo fue echado de la Diócesis de Zárate-Campana. Su nombre trajo a colación el de la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien mantendría una amistad.

Además de los chats, Arrieta filtró un proyecto denominado “Plazo razonable”, que propone modificar el Código Penal permitiendo la liberación de genocidas condenados por delitos de lesa humanidad si, transcurridos veinte años desde la comisión del delito, no se dictó una sentencia judicial firme.

En paralelo, la legisladora dio a conocer otra propuesta de decreto presidencial que fija un plazo máximo de 25 años para la duración de un proceso penal, incluyendo aquellos relacionados con delitos de lesa humanidad, que según la normativa vigente son imprescriptibles.



La Voz
Imagen: Clarin