Las personas apuntadas por la Justicia tras la denuncia del diputado Gutiérrez solicitaron la devolución de los teléfonos secuestrados.

El juez Carlos Ochoa dispuso en sendos allanamientos el secuestro del teléfono de un dirigente de ATE y el de dos docentes universitarios jubilados luego de que el diputado riocuartense denunció supuestas amenazas en la Terminal de Omnibus de la ciudad, cuando arribaba desde Buenos Aires.

Esta semana los abogados de los dueños de los teléfonos secuestrados solicitaron la devolución y se espera que la semana próxima tengan una respuesta.

El dirigente gremial cuyo domicilio fue allanado también es docente universitario y en el teléfono tiene la clave para acceder al sistema de uso de internet de la Universidad y no puede acceder para corregir exámenes.

El juez podrá resolver si avanza con la acusación o determina que no hubo delito. En las últimas horas habría corrido vista al fiscal, para que éste determine los pasos a seguir en la instrucción.



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