Con la presencia del gobernador Martín Llaryora y el Intendente Juan Manuel Llamosas, quedó habilitada la sede de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) de Río Cuarto. 

De esta manera, efectivos especializados se sumarán a la lucha antinarcóticos e intensificarán las acciones de prevención e investigación sobre el comercio ilegal de drogas en el sur de la provincia.

A la fecha, la central de la FPA se encuentra en Córdoba Capital y hay otra dependencia en San Francisco. Además, están en proceso de creación tres nuevas sedes, en Marcos Juárez, Bell Ville y Villa Dolores. 

“Es un día de alegría para los vecinos de bien, para los que queremos vivir en paz y tranquilidad. Y claramente es un día de tristeza para los delincuentes y para los narcotraficantes, porque saben que a partir de ahora la capacidad operativa de nuestra fuerza en el sur provincial se ve claramente fortificada”, destacó Martín Llaryora. 

Y añadió: “Vamos a federalizar y profundizar la lucha contra el narcotráfico para que nuestra provincia se siga distinguiendo en el país. La lucha contra la inseguridad y el narcotráfico no son palabras bonitas en Córdoba, son hechos”.

El gobernador enmarcó la inauguración de la sede de la FPA de Río Cuarto como parte de un trabajo mancomunado entre la Provincia y el Municipio: “No podríamos estar acá sin el trabajo en conjunto, el apoyo y la voluntad decisiva de un Gobierno municipal que tiene el valor de enfrentar a la delincuencia y al narcotráfico”.

En detalle, la FPA es una institución civil armada que ejerce su función en todo el territorio provincial. Tiene a su cargo prevenir, disuadir e investigar delitos relacionados con el narcotráfico.

En Río Cuarto, funcionará en Sobremonte 1376, donde se conformó una base operativa para el desarrollo de otros programas de la fuerza. En una primera etapa, contará con cuatro móviles y 31 agentes que fueron entrenados especialmente para abordar la lucha contra el narcotráfico. 

El objetivo a futuro es llegar a 50 efectivos y sumar más vehículos, según detalló el jefe de la FPA, Adrián Salcedo. 

A su vez, habrá un Centro de Inteligencia Regional con implementos tecnológicos, software y hardware. Su función será elaborar informes para fortalecer los procesos de investigación en materia de inteligencia criminal y efectivizar la dinámica operativa a la hora de interactuar con la Policía de Córdoba y las fuerzas federales.

En ese sentido, el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, enfatizó: "Sepan que en la zona sur de nuestro territorio, aquí en Río Cuarto, el narcotráfico tendrá una batalla directa y frontal. A partir de hoy, con mucha más intensidad, presencia y con el profesionalismo y la capacidad con la que ha trabajado la FPA a lo largo de sus nueve años de historia".

A su turno, el intendente Juan Manuel Llamosas, señaló: "Quiero agradecer el cumplimiento de la palabra del gobernador Martín Llaryora, que en su primer día de gestión anunció dos medidas fundamentales para la tranquilidad de los vecinos: la creación de una guardia urbana municipal y la sede de la FPA en Río Cuarto. Hoy se acaban de cumplir las dos medidas en muy poco tiempo de gestión".

Cabe destacar que la flamante estructura policial responde a la órbita del Poder Judicial, considerado un hecho novedoso en Argentina, ya que hasta el momento los organismos encargados de evitar el narcotráfico dependieron de los poderes ejecutivos. 

“Celebro la propuesta y el apoyo permanente del Gobierno para tener una ocupación territorial completa en materia de seguridad en la Provincia de Córdoba”, subrayó el fiscal general, Juan Manuel Delgado.

A la vez, el secretario de Gobierno de Río Cuarto, Guillermo De Rivas, consideró: “La habilitación de la FPA en Río Cuarto representa trabajar y concretar en acciones lo que nos comprometimos a realizar en conjunto con el Gobierno, que es servirle a cada uno de los vecinos y ciudadanos, garantizándoles seguridad y tranquilidad”. 

Estuvieron presentes, además, el Diputado Nacional Carlos Gutiérrez; el ministro de Gobierno Manuel Calvo; el legislador Ariel Grich; jueces y fiscales federales, y representantes de las diferentes fuerzas de seguridad.