Durante los últimos días, en la provincia de Buenos Aires fueron detenidas 205 personas por intentos de saqueos. La cifra, en poder del ministerio de Seguridad de la Provincia, se incrementa diariamente. En la última semana, el frenesí capturó a las autoridades nacionales y bonaerenses para prevenir una tormenta social en el Conurbano, en las fechas emblemáticas del 19 y 20 de diciembre.

Cuando amaine la zozobra de diciembre, aparecerá el problema mas complejo que dejó la crisis policial: el descalabro de las escalas salariales y su consecuente impacto en el futuro de la conflictividad gremial y la retroalimentación inflacionaria. Pero por ahora, la presión recae sobre el área de seguridad.

En la gobernación de Buenos Aires, las alertas suenan cotidianamente. Especialmente a partir de convocatorias a saquear que se detectan en las redes sociales. La mayoría son falsas. “El 90 por ciento”, estimó el ministro de Seguridad, Alejandro Granados. A la luz de las pruebas, los grupos de saqueadores del Conurbano tienen escasa vinculación con la política. El modelo más común se asemeja a la banda de moticiclistas que el miércoles despojó un local de ropa en Avellaneda. Hubo intentos de saqueos en Grand Bourg, municipio de Malvinas Argentinas, Lomas de Zamora y Esteban Echeverría. Para la semana próxima, la tensión se espera sobre todo en el oeste: San Martín, Merlo y La Matanza.

Pero la mayoría de los detenidos, más de medio centenar, se produjo en Mar del Plata, donde la complicidad policial liberó barrios enteros a los saqueadores. Esta semana, la relación entre Scioli y la policía enfrentó un divorcio inédito. Ayer no asistió al acto de graduación policial del instituto Juan Vucetich. En el pasado no se hubiera perdido esa foto. Internas, negocios e informacion oculta abonaron el divorcio. Muchas veces, las alertas por saqueos comenzaron con recorridas de patrulleros donde los propios policías recomendaban a los comerciantes cerrar sus puertas. Y después nada ocurría. En los pliegues de la fuerza se esconden muchas sombras.

Quiebre. La dirigencia política quedó fuertemente debilitada por la crisis policial al ceder a las presiones de los uniformados. Por eso en Buenos Aires y de cara a la semana próxima, el temor arrimó a protagonistas que la especulación electoral había distanciado. Al menos dos veces por semana, Sergio Berni se reúne con Granados en las oficinas de la jefatura departamental de La Matanza, en Camino de Cintura y Ricchieri. A veces también se acopla su colega porteño, Guillermo Montenegro.

Sergio Massa convocó el jueves pasado a todos los intendentes de su fuerza política en San Fernando y les pidió colaborar para contener las protestas. Estos días, Massa volvió a hablar asiduamente con Daniel Scioli. La inconveniencia de un apresuramiento de los tiempos políticos acercó intereses. Paralelamente, los intendentes adelantaron los operativos de la semana próxima. Intendencias massistas, como la de San Miguel, enviaron a sus móviles municipales a patrullar. En conjunto, los jefes comunales acordaron que cualquier denuncia de saqueos, aunque sea anónima, inmediatamente se judicialice.

Supermercados. La Provincia sumó a Alfredo Coto y al resto de los supermercadistas a la red de alertas preparada para detectar lo antes posible los estallidos. En rigor de verdad, el enlace se armó hace un mes. Pero la inquietud de los empresarios creció esta semana por el tono alarmista en que las autoridades provinciales les reclamaron alimentos para armar bolsones para entregar antes de Nochebuena. A los supermercados se les prohibió dar alimentos frente a los reclamos. Quieren que sean los gobiernos quienes centralicen las entregas. El objetivo es evitar que se generalice la práctica y, a la vez, controlar los canales de negociación.

En una de las reuniones del ministerio, el representante de Wall Mart se lamentó por los 40 millones de pesos en electrodomésticos que se llevaron los saqueadores de la sucursal de Tucumán. Una razón para mostrarse colaborativos. Una clave es la información temprana para anticipar estallidos. Llega por tres vías. La inteligencia policial, muchas veces contaminada por sus propios intereses y negocios; los punteros barriales que tienen relación con las áreas de Desarrollo Social y los empresarios. El mayor problema para atacar la urgencia aparece por el lado de aquellos sectores sociales sin referentes, con códigos más vinculados al delito. Allí es donde el estallido es menos controlable. (Fuente: Perfil.com)