Ante las demoras de la Argentina para negociar el pago de una condena por hasta USD 16.000 millones en el juicio por la expropiación de YPF, los demandantes encabezados por Burford Capital presentaron ante el juzgado un escrito de 122 páginas en el que piden una audiencia a la justicia estadounidense para que la Argentina informe sobre una enorme cantidad de activos en su poder. El objetivo del “discovery” es identificar bienes potencialmente embargables.

Los beneficiarios del fallo en contra del país, de los cuales Burford es el principal exponente pero no el único, solicitaron una audiencia con la jueza Loretta Preska del segundo distrito de Nueva York porque la Argentina está poniendo trabas a la averiguación de información que piden los fondos ganadores del juicio.

La presentación de los beneficiarios del fallo ante el juzgado

La lista es extensa y abarca todo tipo de activos propiedad del Estado Argentino que, potencialmente, pueden resultar embargados. El embargo es un proceso largo y complejo del cual este discovery es sólo un paso preliminar. Y en el que la Nación Argentina no está colaborando mucho. Pero deja claro que sin avances en materia del pago, los fondos que enjuiciaron al país por la expropiación de la mayor parte del paquete accionario de la petrolera preparan las armas para cobrar por su cuenta.

“Esta madrugada finalmente nos enteramos porqué los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF aún no habían ejercido su derecho a embargar activos del Estado: Argentina no está cooperando” (Maril)

El discovery de activos es extenso. Los fondos quieren tener la posibilidad de hacerse de prácticamente cualquier bien con el que cobrarse, en caso de que el tiempo pase y la sentencia no se pague.

Los activos listados, entre muchos otros, incluyen acciones de YPF en manos del Estado en Caja de Valores, cuentas, activos, deudas y transacciones valuados en USD 1 millón o más, concesiones para la exploración de recursos naturales, activos de Aerolíneas Argentinas, ARSAT, ENARSA y Banco Nación, entre otros.

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Entre los activos respecto a los que los beneficiarios del fallo reclaman información se destaca, además, el swap de monedas acordado entre el Banco Popular de China y el Banco Central de la República Argentina, una línea de crédito contingente que explica más de la mitad de las reservas internacionales brutas del país.


Son las etapas iniciales de un proceso que en el mismo juzgado, aunque ante otro juez —el fallecido Thomas Griesa— y en el juicio por la reestructuración de deuda de principios de siglo terminó con un intento por embargar la Fragata Libertad en un puerto de Ghana.

“Esta madrugada finalmente nos enteramos porqué los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF aún no habían ejercido su derecho a embargar activos del Estado: Argentina no está cooperando desde el primer pedido de información el pasado 16 de octubre”, explicó el abogado Sebastián Maril en su cuenta de X (la ex Twitter).

“Anoche se presentaron 122 páginas con pedidos de información de activos y las respuestas de los gobiernos de Fernández y Milei. Se viene conferencia con la jueza Preska”, agregó el especialista.

Ocho años de litigio

El juicio por la expropiación de las acciones de Repsol por parte del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ya lleva ocho años en marcha. Los demandantes ya obtuvieron un fallo a favor y se convirtieron en beneficiarios por un monto que podría llegar a los USD 16.000 millones.

Mientras tanto, los abogados de la Argentina apuestan por una apelación que, formalmente, ya empezó.

La semana pasada se presentaron los argumentos para evitar pagar el fallo condenatorio que el año pasado emitió la jueza Preska, a cargo de una corte del sur de Manhattan que trató el caso porque la petrolera cotiza en Wall Street. Básicamente, el estado Argentina insiste en que el caso no debe tratarse en EEUU.

Al juzgado de Preska acudieron en 2014 dos accionistas minoritarios que aseguran haber sido perjudicados por el accionar expropiatorio del kirchnerismo y que le vendieron sus derechos de litigar al bufete inglés Burford Capital, quien es el beneficiario principal del fallo.


Infobae