La CGT realizará este miércoles, a las 12, una concentración ante el Palacio de Tribunales para acompañar su impugnación contra la reforma laboral contenida en el DNU de Javier Milei, en medio de la presión de la izquierda y del kirchnerismo por un paro general y de las estrictas medidas del gobierno nacional y el porteño para que los manifestantes cumplan el protocolo antipiquetes.

Para la dirigencia cegetista será un test clave luego de haber pasado los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández sin una sola medida de fuerza pese a los malos resultados económicos. Además, servirá para medir su capacidad de movilización en una protesta efectuada a sólo 17 días de la asunción de Milei, quien ganó el balotaje del 19 de noviembre con más del 55% de los votos.

Héctor Daer (Sanidad), uno de los cotitulares cegetistas, admitió que “la posibilidad de convocar a un paro seguramente será parte del análisis en el confederal (de la CGT, que se reunirá el jueves), pero no sólo eso sino que también podríamos analizar lanzar un plan de lucha”. Tras la reunión de la CGT con senadores de Unión por la Patria, agregó: “El objetivo es que el DNU no siga corriendo”.

Los abogados de la CGT presentaron hace 24 horas ante la Justicia un recurso de amparo para que se suspenda “en forma urgente” la aplicación de la reforma laboral del DNU y un pedido de declaración de certeza de constitucionalidad de la norma dictada por Milei. La denuncia cegetista quedó radicada en el juzgado nacional del Trabajo N° 69, que está a cargo de José Ignacio Ramonet.

La concentración de este mediodía fue anunciada la semana pasada como una marcha, aunque luego los jefes de la CGT fueron limitando sus alcances: los sindicatos se concentrarán en las inmediaciones del Palacio de Tribunales, en Talcahuano 550, y desde las 12 se instalarán enfrente, en la Plaza Lavalle, para acompañar el reclamo cegetista de que los jueces anulen la aplicación del DNU de la reforma laboral por considerarlo “inconstitucional” y “violatorio de los derechos de los trabajadores”.

No habrá oradores y sólo se leerá un documento. Los organizadores esperan reunir cerca de 10.000 manifestantes (los principales gremios movilizarán unos 1.000 activistas cada uno). “Queremos que sea un acto simbólico, donde los delegados llevarán solamente banderas argentinas y no de los sindicatos, sin consignas políticas”, afirmó un jefe cegetista a Infobae.

En el fondo, la cúpula cegetista no quiere romper todos los puentes con el Gobierno sino hacer una demostración de fuerza para negociar mejor alguna fórmula para atenuar puntos de la reforma laboral que afectan al sindicalismo. Pero será muy difícil que la intención de moderar la protesta de este mediodía pueda cumplirse: además de la CGT, convocan al acto las dos fracciones de la CTA, la kirchnerista que conduce Hugo Yasky y la combativa que lidera Hugo “Cachorro” Godoy, y también se sumarán organizaciones sociales vinculadas con el peronismo y Unidad Piquetera, agrupación alineada con el trotskismo. Ya se sabe que de estas expresiones duras durante el acto en la Plaza Lavalle va a surgir una consigna que incomodará a la dirigencia de la CGT: “Paro general ya”.

La voluntad de moderar la protesta ante el Palacio de Tribunales quedó graficada en otro gesto sindical que destacó el gobierno de Milei: “En un hecho histórico, la CGT presento una solicitud para la realización del acto en Plaza Lavalle, marcando un hito en las formas de llevar a cabo manifestaciones en espacios públicos”, dijo el Ministerio de Seguridad, que encabeza Patricia Bullrich.
“El mandato popular está imponiendo un cambio que debemos lograr para que el caos dé lugar al orden y la agresión a la convivencia”, declaró Bullrich.


Waldo Wolff, su par de la ciudad de Buenos Aires, consideró que “hay un cambio cultural en esta manifestación ya que por primera vez la CGT pide autorización a las autoridades competentes”. Y agregó: “Es política de la ciudad, a instancias específicas del jefe de Gobierno, Jorge Macri, que no se interrumpan las vías para transitar. Quién quiera manifestarse deberá hacerlo cumpliendo con la ley y respetando a quien ejerza su derecho a desplazarse”.

Para evitar un endurecimiento de las consignas, la conducción cegetista decidió excluir a los piqueteros de la organización del acto. Por eso este martes se canceló el encuentro entre el cotitular de la CGT Pablo Moyano (Camioneros) y el trotskista Eduardo Belliboni, referente de Unidad Piquetera, y se decidió que la dirigencia de la CGT estará acompañada ante Tribunales por una reducida comitiva de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), el gremio que agrupa a organizaciones sociales como el Movimiento Evita, Somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), que lidera Juan Grabois.

Este martes, dirigentes de segunda línea de varios sindicatos se reunieron en la sede de la CGT para organizar la concentración en Tribunales y no permitieron que se sumaran referentes piqueteros. Hubo versiones de que habían echado de Azopardo 802 a Belliboni, pero fueron desmentidas por fuentes cegetistas y el propio representante de Unidad Piquetera. En realidad, los piqueteros de varias organizaciones hablaron brevemente con los sindicalistas para coordinar su presencia en el acto.


¿Cómo evitarán los moderados de la CGT la presión de los sectores más duros en favor de un paro general? Nadie lo sabe y el escenario hace temer la repetición de lo que sucedió en marzo de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando la conducción cegetista de entonces realizó un acto callejero de protesta y no precisó cuándo haría una huelga general, lo que provocó la reacción de un grupo radicalizado que reclamó que le pusieran fecha al paro e increpó al triunvirato que lideraba la CGT (Héctor Daer, de Sanidad; Carlos Acuña, de estaciones de servicio, y Juan Carlos Schmid, de Dragado y Balizamiento), que tuvo que bajarse del palco entre insultos y empujones de la gente para refugiarse en el Sindicato de Comercio. En los incidentes se robaron el atril con el logo de la CGT.

Ahora, Daer y Acuña son nuevamente cotitulares de la CGT, junto con Pablo Moyano, e integran la alianza sindical que maneja la central obrera, abanderada del diálogo a ultranza con todos los gobiernos, compuesta por “los Gordos” (Héctor Daer, de Sanidad, y Armando Cavalieri, de Comercio) y los independientes (Andrés Rodríguez, de UPCN; Gerardo Martínez, de la UOCRA, y José Luis Lingeri, de Obras Sanitarias), más barrionuevistas como Acuña y aliados como Sergio Romero (UDA), Jorge Sola (Seguros), Rodolfo Daer (Alimentación), Carlos Frigerio (cerveceros) y Julio Piumato (judiciales).

Son los mismos dirigentes que mantenían desde hace semanas reuniones reservadas con el ministro del Interior, Guillermo Francos, en las que, según los sindicalistas, les dieron garantías de que la reforma laboral que impulsaban los libertarios iba a ser muy restringida y que no iba a tocar las paritarias ni el modelo sindical. Sin embargo, la reforma laboral no fue lo que esperaban.


Esos contactos fueron protagonizados por Francos sin la presencia de Omar Yasín, secretario de Trabajo, porque Milei quería tener con el sindicalismo una negociación amplia a través de uno de sus principales operadores políticos. Sin embargo, la CGT se mostró molesta por el contenido del DNU: “Nada de lo que dijo (Francos) se cumplió”, protestó un jefe sindical ante Infobae.
Apuntó, en particular, contra los límites que impuso la norma oficial a las cuotas solidarias, que son aportes extraordinarios a los gremios por parte de afiliados y no afiliados que son incluidos en los convenios, generalizados desde los años 90 para compensar la desafiliación. En el DNU se establece que ese tipo de cuotas, aportes periódicos o contribuciones podrán hacerse “sólo si existe un consentimiento explícito del empleado autorizando el mismo”. De esa forma, ahora correrá peligro ese recurso de recaudación adicional y obligatorio para los sindicatos, justificado en el principio de solidaridad debido a que los trabajadores no afiliados también se benefician de los logros gestionados por la organización gremial, porque deberá tener el aval “explícito” de los empleados.

Otro punto que irritó a la CGT es el límite que fija el DNU a la ultraactividad de los convenios colectivos, que obliga a mantener su vigencia hasta no negociar uno nuevo: en una redacción algo ambigua, la norma firmada por Milei afirma que “una convención colectiva de trabajo cuyo término estuviere vencido solamente mantendrá subsistentes las normas referidas a las condiciones de trabajo establecidas en virtud de ellas (cláusulas normativas) y hasta tanto entre en vigencia una nueva convención colectiva o exista un acuerdo de partes que la prorrogue”. Y agrega: “El resto de las cláusulas (obligacionales) podrán mantener su vigencia sólo por acuerdo de partes o por la específica prórroga dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional”.

Por eso, en una reunión convocada de urgencia el jueves pasado, la CGT rechazó la reforma laboral y decidió marchar el miércoles 27 hacia el Palacio de Tribunales para acompañar una presentación judicial con el fin de que se declare la inconstitucionalidad de los cambios impulsados por Milei.

Además de la marcha, unos 50 dirigentes cegetistas que deliberaron en la UOCRA resolvieron realizar este jueves un Comité Central Confederal, su máximo órgano ejecutivo, con el fin de analizar la posibilidad de realizar un paro general en rechazo del DNU del gobierno de Milei. La última huelga general de la CGT fue el 29 de mayo de 2019, la quinta que concretaron contra Mauricio Macri.
Los jefes de la CGT, durante el encuentro que mantuvieron en la UOCRA

En la reunión de la UOCRA, el sector dialoguista logró neutralizar la propuesta del jefe de La Fraternidad, Omar Maturano, de concretar este jueves un paro general de 24 horas. Se descuenta que los sectores más combativos de la CGT plantearán en el Comité Central Confederal la realización de una huelga general en las próximas semanas, pero el ala dialoguista, en realidad, aspira a que de allí surja la posibilidad de que la conducción cegetista sólo quede facultada para decidir la protesta.

Parece difícil que la cúpula de la CGT pueda resistir las presiones para realizar un paro general cuanto antes, pero si lo hace el Gobierno avanzará con la reforma laboral sin modificarle ni una coma. A menos que algún juez la frene. Este escenario complejo se da en medio de la aceleración inflacionaria, una ola de aumentos de precios y la inminencia de alzas en las tarifas del transporte y de los servicios públicos. Un combo que torna inquietante la evolución del conflicto entre Milei y el sindicalismo.


Infobae