El gobierno nacional anunció la implementación de un plan “antipiquetes” que denominó “Protocolo de Orden Público”, que apuntará a controlar los posibles cortes y movilizaciones en las calles de la Ciudad de Buenos Aires.

“Incluye sanciones severas a los involucrados en impedir la libre circulación de los argentinos y alcanza al que corta, al que transporta, al que organiza y al que financia”, precisó Manuel Adorni en Casa Rosada.

El vocero presidencial hizo una brevísima exposición en la que informó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se encargará de dar mayores precisiones sobre este protocolo con control del orden público: “Lo hará estar tarde a las 16.45, por instrucción del presidente (Javier) Milei”, agregó antes de dar por concluido su mensaje.

El anuncio oficial asoma como una advertencia ante la serie de protestas que por lo bajo impulsan desde algunos gremios y organizaciones sociales, en rechazo a las medidas económicas que produjeron un fuerte salto de la inflación, particularmente en los alimentos.

La idea parece inspirada en un esquema que Patricia Bullrich planificó cuando fue ministra de Seguridad nacional durante el gobierno de Mauricio Macri: en diciembre de 2017 se anunció la aprobación del protocolo para manifestaciones públicas, cuyo objetivo era contener las protestas.

En ese momento, la propia Bullrich fue la encargada de explicar qué era el nuevo esquema y comentó: “El gobierno del presidente Mauricio Macri no quiere que, durante los próximos cuatro años, las calles sigan siendo un lugar diario y permanente de problemas. No vamos a permitir que la calle sea un caos. Queremos cambiar la cultura del corte”.




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