La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría y giró al Senado un proyecto que establece un régimen de seguridad sanitaria de los pacientes, denominada “Ley Nicolás”, que establece el marco jurídico e institucional para el ejercicio del derecho a una asistencia sanitaria segura, que respete la dignidad de los seres humanos.

En la última sesión del período ordinario convocada para aceptar las licencias y renuncias de legisladores, el plenario legislativo sancionó por 149 votos, y una abstención, el dictamen que está basada en dos proyectos de los diputados Mónica Macha (FdT) y Fabio Quetglas (UCR) sobre calidad y seguridad de atención sanitaria.

A pedido de Quetglas se incorporó el tratamiento sobre tablas del despacho de las comisiones de Salud y Presupuesto, y ahora el Senado lo podrá tratar en el 2024 cuando comienzo el período de sesiones ordinarias que está previsto el 1 de Marzo del próximo año, ya que para analizarlo antes deberá ser incluido en las sesiones extraordinarias que convocará el Poder Ejecutivo desde el próximo lunes.

La iniciativa busca asegurar "el derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y en las comunidades, a través de la definición de un marco jurídico e institucional que promueva la transformación de las pautas culturales, la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria, la protocolización y jerarquización de los procesos de atención, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas, la disminución de daños evitables, y el cuidado del marco de trabajo del equipo de salud".

A lo largo del dictamen se determina que, para garantizar el derecho a una atención sanitaria de calidad y segura, se deberá promover la gestión de la calidad y la evaluación sistemática, la creación y adopción de instrumentos y dispositivos en la estructura orgánica-funcional, tendientes a desarrollar una cultura de calidad y seguridad de la atención.

También la denominada "Ley Nicolás", fruto del reclamo por la muerte por mala praxis de un joven, busca mejorar la transparencia de la información referida a los procesos de atención sanitaria y fomentar procedimientos para la identificación y el análisis de riesgos relacionados con procesos sanitarios que resulten en daños prevenibles.

Además busca promover la creación de espacios de participación ciudadana en la estructura orgánico-funcional de las instituciones de salud para asegurar el acceso a los derechos de las personas usuarias y de los pacientes.

El despacho de mayoría establece que se deberá promover un trato en la atención de la salud, recíproco y centrado en las personas con perspectiva de derechos humanos, la bioética y la equidad de géneros.


Télam