En una carta a la jueza de Nueva York Loretta Preska, los abogados del fondo Burford –los beneficiarios del histórico fallo que la Argentina perdió por US$16.000 millones por la expropiación de la petrolera YPF mal ejecutada por Axel Kicillof y Cristina Kirchner– reclamaron comenzar a embargar los bienes del país alegando que la Argentina no cumplirá con la decisión judicial.

Los letrados repasaron en la misiva a la jueza los antecedentes del Gobierno a la hora de evitar sentencias dictadas en los Estados Unidos y argumentaron el pedido a la magistrada por “declaraciones públicas de funcionarios de alto nivel que demuestran que no tienen intención de cumplir con la decisión”.

La Argentina ya sufrió embargos en el pasado reciente. Uno de los casos más recordados es el de la Fragata Libertad, que estuvo 77 días detenida en el puerto africano de Tema (Ghana) durante 2012.

“Estaba convencido de que Burford iba a esperar a comenzar el proceso de embargos a cuando se conociera la identidad del nuevo presidente de la República Argentina para negociar con ellos”, dijo el director de Latam Advisors, Sebastián Maril.

"Lo que están haciendo con esta carta es decir que no quieren demorar el proceso de embargos hasta pasados 30 días desde el día en que se publicó el fallo, es decir, el 15 de septiembre”, agregó el experto.

“O están utilizando esta carta para presionar al Gobierno argentino y sentarse a negociar o le están diciendo al próximo gobierno que no le van a hacer la vida fácil, ya que van a seguir la actitud que tomó NML Capital con Elliott Management y con [Paul] Singer hace ya casi 8 años cuando empezaron los embargos, porque la Argentina no quería cumplir con los fallos de la corte del juez Griesa”, cerró.

Maril cree que el país debería apelar la decisión de Preska y ofrecer un bono para evitar los embargos. “Pero la Argentina no tiene forma de poner un bono para evitar embargos porque no tiene dinero”, señaló.

“En pocas palabras, la Argentina no tiene intención de pagar la sentencia, y sería espurio que la Argentina sugiriera lo contrario”, dice la carta. Cierra entonces indicando que ese plazo de 30 días para comenzar los embargos es “un plazo razonable”. Ahora, la jueza deberá aceptar o no el pedido de los beneficiarios del fallo.

La expropiación de YPF

Días atrás, a mediados de este mes, Preska confirmó que la Argentina deberá pagar casi US$16.100 millones. A partir de ahora, el país puede apelar el fallo. Pero la jueza había publicado su primer fallo de “opinión y orden” a fines de marzo pasado, cuando determinó que el Estado argentino debía pagar una indemnización por la expropiación del 51% de las acciones de YPF y donde eximía de responsabilidades a la petrolera.

Según la decisión de la Justicia americana, el Estado argentino pagará US$14.385 millones al fondo Burford Capital (US$7533 millones de daños y US$6852 millones de pago de intereses acumulados entre el 3 de mayo de 2012 y el 15 de septiembre de 2023) y US$1714 millones a Eton Capital (US$897,7 millones de daños y US$816,6 millones de intereses). Asimismo, a medida que la Argentina no pague la indemnización, tendrá que pagar una tasa variable del mercado estadounidense que ajusta de manera semanal. Actualmente, se encuentra en 5,42% anual.

El Estado argentino ya dijo que apelará el fallo, al igual que harán los fondos sobre el fallo que eximió de responsabilidades a YPF. Una vez hecha la apelación, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito se tomará entre nueve y 12 meses para decidir si acepta el juicio. Es la anteúltima instancia antes de apelar a la Corte Suprema.

Los fondos sostuvieron que el gobierno de Cristina Kirchner no lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el total de las acciones, como dice el estatuto de YPF presentado en Estados Unidos cuando salió a cotizar en Bolsa. Según el artículo 7º del estatuto, cuando un inversor compra más del 15% de las acciones, debe hacer una oferta de adquisición al resto de los accionistas.

En su momento, la Argentina no hizo la OPA y el entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, que era interventor en YPF, dijo en el Congreso, antes de votarse la ley de expropiación: “Créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el ciento por ciento a un valor equivalente a US$19.000 millones. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto! ¿Si no dónde está la seguridad jurídica? Señores, fue una empresa, se reunieron y dijeron: ‘¿Cómo podemos hacer para que nadie nunca intervenga en el control de la compañía?’”.

Tanto los demandantes como la jueza Preska citaron esa frase para justificar los alegatos y el fallo. “La República obligó a los demandantes a otorgarle un préstamo masivo después de expulsar por la fuerza a los miembros del directorio de YPF, el 16 de abril de 2012, lo que provocó que los representantes de Repsol en YPF huyeran del país. El Sr. Kicillof declaró descaradamente que sería ‘estúpido’ cumplir ‘la ley de la propia YPF’ o ‘respetar sus estatutos’”, dijo la magistrada, en el fallo de la semana pasada.

Las compañías Petersen eran propiedad de la familia Eskenazi, dueña también del Banco de Santa Cruz, donde trabajó durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri el actual procurador del Tesoro, Carlos Zannini, encargado de liderar la defensa jurídica del Estado argentino. Pese a que el expediente de juicio en Nueva York figura que los demandantes son las empresas Petersen, la familia Eskenazi dice que el grupo, con operaciones en el país, “es totalmente ajeno a la demanda”.


LA NACION