Los representantes de las compañías se encontrarán con el ministro Diego Giuliano en Transporte sobre el mediodía.
Con una reunión en el ministerio de Transporte, el Gobierno nacional intenta destrabar el conflicto que provocó el paro de colectivos que afecta al AMBA (la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano) y a varias provincias por reclamos salariales de la Unión Tranviarios Automotor (UTA).
“El ministro de Transporte, Diego Giuliano, está hablando con Roberto Fernández (NdR: secretario general) de la UTA, los gremios ferroviarios y con las cámaras, permanentemente”, indicó a Infobae una fuente de esa cartera. A las 11.30 están citadas las 5 cámaras empresarias en la sede del ministerio. Allí concurrirán directivos de AAETA -Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor-, CETUBA -Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires-; CEAP- Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros-, CTPBA -Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires- y CEUTAPBA, la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires. También se sumarán dirigentes del gremio que agrupa a los choferes.
Un rato antes, en la sede de Trabajo, en Leandro N. Alem al 600, la ministra Raquel “Kelly” Olmos recibirá a los dirigentes de la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA), el gremio que paralizó la circulación de trenes en el Ferrocarril Sarmiento durante gran parte de la mañana de este viernes. Esa medida se levantó a las 9.45 cuando partió el primer tren desde Castelar hacia Plaza Miserere. Media hora después salió de la cabecera Miserere la primera formación rumbo a Moreno.
En caso de no arribarse a una solución el Gobierno estudia adoptar otras medidas. La ministra Olmos anticipó que “se multará a las empresas” que hayan incumplido con sus obligaciones y que “se va a hacer la denuncia penal por retención indebida de haberes”. Olmos aseguró que “La transferencia de la última parte (de los subsidios) se hizo ayer a la tarde. Si no se depositaban hoy los salarios, objetivamente hay que hacerle esa denuncia”, aclarando que esa presentación depende del Ministerio de Transporte de la Nación.
“Lo que hay es un lockout patronal para que se peleen trabajadores contra trabajadores”, sostuvo la funcionaria de la cartera laboral, al referirse a la huelga que resolvió la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por la falta de pago del último aumento paritario. “Hay un sector del ámbito patronal que lo está impulsando con una motivación económica y política, saben el nivel de daño que generan”, remarcó en declaraciones a FM Urbana Play.
El conflicto en el transporte de colectivos arrancó ayer a la tarde, cerca de las 16, luego de que un sector de la oposición a la conducción de la UTA, encabezada por la Lista Azul del gremio que lidera Miguel Bustinduy, resolvió adelantar la medida de fuerza que estaba prevista desde la medianoche en las líneas que pertenecen a la empresa DOTA.
La ministra Olmos se reunirá con representantes jerárquicos de un sindicato ferroviario que reclama mejoras salariales.
En la misma línea que Olmos se expresó Jorge D’Onofrio, ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires: “Vemos por parte del empresariado que es una posición intransigente. Si no se cumple con su demanda no van a pagar el aumento paritario pese a que el Estado giró los fondos”.
Desde AAETA, una de las cámaras empresarias, reconocieron ayer en su cuenta de Twitter que “durante la tarde se acreditaron 15 mil millones de los 40 mil millones informados (la deuda bajo a 23 mil millones por eso) . Con eso se pagaron salarios a escala vieja (no nueva) por eso UTA confirma las medidas de fuerza desde las 00 hs”.
“El resto sigue sin cambio. Aún no se acreditaron los pagos de provincia de Buenos Aires que están aún dentro de dicha deuda de 23 mil millones”, agregaron.
El secretario general de la UTA, Roberto Fernández, sostuvo que “nosotros estamos haciendo un pedido que corresponde, acordes a la ley, y si los empresarios nos quieren llamar, en dos minutos estamos con ellos. Nosotros queremos cobrar lo que dice la resolución”.