Los sindicatos franceses quieren convertir este 1 de mayo, Día del Trabajo, en una nueva jornada de protesta contra la reforma de las pensiones del presidente francés, Emmanuel Macron. Es la número 13 que se celebra en tres meses contra esta controvertida ley que eleva la edad de jubilación a los 64 años. A pesar de que fue promulgada hace 15 días, el movimiento de rechazo en el país sigue: En estas dos semanas a Macron no han parado de abuchearle en cada desplazamiento que ha hecho y ha habido caceroladas día sí, día no.
Este lunes los sindicatos quieren movilizar a la calle en una "marcha histórica", según han dicho. Se esperan entre 500.000 y 600.000 personas en las 300 manifestaciones previstas en todo el país, lo que supone entre cinco y seis veces más que en un 1 de mayo cualquiera. En París se prevé que haya en la calle entre 80.000 y 100.000 personas, con un millar de "elementos radicales".
Ya han arrancado las marchas en Toulouse, Nantes o Rennes. La manifestación en París arrancará a las dos de la tarde en la Plaza de la República, hasta la de Nation. Interior ha preparado un fuerte dispositivo de seguridad, con 12.000 policías desplegados, 5.000 en París.
Las fuerzas del orden prevén tensiones y desbordamientos y, para controlar mejor los flujos y evitarlo, algunas prefecturas (delegaciones del Gobierno) han decidido usar drones en las manifestaciones. Lo han anunciado París y las de Lyon, Le Havre, Budeos, Nantes y Rouen.
Es la primera vez que se recurre a este sistema. La medida se adoptó en diciembre, en el marco de la ley de seguridad global, una medida enfocada sobre todo a la seguridad en los Juegos Olímpicos que se celebrarán en 2024 en París.
Interior sostiene que permite controlar mejor los grupos radicales y "prevenir atentados contra la seguridad de las personas y los bienes". Algunas asociaciones han recurrido esta medida a la justicia al considerar que limita la libertad de movimiento, supone un excesivo control a los ciudadanos y entorpece la libertad de manifestación.
¿Y A PARTIR DE AHORA QUÉ?
Los sindicatos no quieren que el movimiento contra la reforma de las pensiones decaiga y sus líderes se reúnen este martes para decidir cómo seguir con la movilización. Laurent Berger, líder del sindicato CFDT, el mayoritario en Francia, ha reconocido que las organizaciones "no tienen que tomar juntas todas las decisiones" a partir de ahora.
La primera ministra, Elisabeth Borne, ha dicho que va a convocar a los sindicatos en los próximos días para hablar de otras cuestiones relativas al trabajo, pero no sobre la reforma de las pensiones. Hace dos semanas se reunieron pero el encuentro fue un fracaso por la negativa de Borne a retirar la reforma.
El miércoles, el Consejo Constitucional se tiene que pronunciar sobre la segunda propuesta de referéndum planteada por la izquierda para establecer la edad de jubilación a los 62 años (la reforma lo ha retrasado a los 64). Ya rechazó la primera. Si no la autoriza, a los opositores a la reforma les quedan ya pocas opciones, salvo asumir que la ley está promulgada y entra en vigor en septiembre.
Si el Consejo diese el visto bueno a la propuesta, la reforma se aplicaría igualmente, pero se entraría en un proceso largo y complejo, pues se necesitan casi cinco millones de firmas y hasta la fecha esta opción de referéndum nunca ha llegado a buen puerto.

Emmanuel Macron ha intentado cerrar el capítulo de las pensiones, pero la calle no pasa página. Desde hace dos semanas, tras la promulgación de la ley, no han cesado los escraches y las caceroladas en cada desplazamiento que ha hecho, con cortes de luz, pitadas y abucheos, tanto en sus visitas como en las que han realizado los ministros del Gobierno.
La reforma de las pensiones, que busca evitar que el sistema entre en déficit, ha abierto la mayor crisis social en décadas. Se promulgó hace dos semanas tras más de tres meses de protestas, con todo el país contra (el 70% se opone a la ley) y tras dos mociones de censura, una de la cuales se quedó a pocos votos de prosperar y casi tumba la reforma y al Gobierno. Los franceses consideran que la manera de aprobarla, por decreto, sin el voto del Parlamento, y sin apoyo popular, es un desprecio del presidente a la democracia.

El Mundo