Buenos Aires. En medio de la polémica abierta por los pronunciamientos críticos de la Iglesia Católica, la Corte Suprema de Justicia y los gobernadores sobre el narcotráfico, el Gobierno nacional insistió ayer en relacionar a la Policía de Córdoba con el tráfico de estupefacientes, al sostener que la seguridad de la provincia es responsabilidad del gobernador José Manuel de la Sota.

“La Gendarmería nacional no viene a resolver los problemas que los gobernadores tienen con su policía. Hay provincias como Córdoba que tienen serios problemas con sus fuerzas policiales de corrupción y convivencia con el narcotráfico”, dijo el secretario de Seguridad, Sergio Berni.

El funcionario kirchnerista, hoy uno de los más cercanos a la presidenta Cristina Fernández, insistió: “La seguridad es una responsabilidad indelegable de las provincias en cabeza de su gobernador. Quien es el responsable es el ministro de Seguridad de cada provincia. No es que no se puede hacer nada: las policías provinciales tienen plena potestad para trabajar”.

El virtual ministro de Seguridad de la Nación hizo extensiva, una vez más, esta caracterización también a Santa Fe, donde responsabilizó al gobernador socialista Antonio Bonfatti de “haber retirado al Estado provincial de políticas activas” en los sectores sociales. “En Córdoba y Santa Fe, sus policías son parte del problema y no de la solución”, manifestó Berni.

Tanto Santa Fe como Córdoba son las provincias en las cuales estallaron escándalos en los cuales se involucró a altos jefes policiales en el tráfico de drogas.

De la Sota, peronista disidente, y Bonfatti, socialista, son gobernadores críticos de la gestión kirchnerista. Ambos mandatarios (ver aparte) creen ver una cuestión política y apuntan a la Nación por los escándalos que se han sucedido en sus provincias.

Berni también criticó a 
De la Sota por impulsar una ley de derribo de aviones sospechados de narcotráfico, en coincidencia con sectores de la oposición, como el intendente de Tigre, Sergio Massa. El funcionario señaló: “La ley de derribo es una pena de muerte, que va en contra de los principios constitucionales y los acuerdos internacionales”.

También los ministros Julio Alak (Justicia), Arturo Puricelli (Seguridad) y Agustín Rossi volvieron a salir al cruce por segunda ocasión en las últimas 72, con declaraciones periodísticas en defensa de la política gubernamental contra el narcotráfico y, esta vez, con dureza contra la Corte Suprema de Justicia, que el martes emitió una resolución de sus siete integrantes con la cual exige medidas “urgentes” para al problema.

No obstante celebrar el “acompañamiento” de la Justicia en el problema a partir del pronunciamiento de la Corte, el secretario de Seguridad cuestionó al alto tribunal: “Cuando invito (a jueces), inclusive a la Corte la he invitado a trabajar con nosotros en la frontera norte, muchos no quieren porque les dan miedo las víboras y las arañas, y les molesta el calor. Otros porque tienen tremendo pánico y terror porque cuando recorremos en helicóptero tirotean del otro lado de la frontera”, atacó Berni.

Autocrítico

Sin embargo, el funcionario dijo que el Gobierno nacional es “muy autocrítico” de su política contra el narcotráfico, pero insistió en hacer cargo a la Justicia porque “no acompaña” y al Poder Legislativo, que “tendría que aggiornar leyes, sobre todo referidas a procedimientos, para dar más agilidad y flexibilidad” a las fuerzas de seguridad, manifestó.

El ministro de Justicia, por su parte, volvió a señalar que la demora en la designación de jueces en cargos vacantes, sobre la que reclamó la Corte, es responsabilidad del Consejo de la Magistratura.

Su par de Seguridad, a su vez, reconoció que “la presión del narcotráfico es muy grande, muy fuerte” y afirmó que el Gobierno “hace todo el esfuerzo y la inversión posibles, en un país con una frontera muy permeable”. Alak y Puricelli hicieron declaraciones en una conferencia de prensa conjunta. Redacción LaVoz.com.ar