Pocas veces existió tanto acuerdo entre el Gobierno nacional y la oposición como para endurecer las regulaciones operativas y económicas a las operadoras de telefonía celular.

En las próximas semanas, la Secretaría de Comunicaciones ordenará por resolución un nuevo reglamento de usuario para los servicios de comunicaciones móviles. En tanto, senadores de la oposición capitanean proyectos de ley para declarar al sector como servicio público -para que quede completamente ordenado por el Estado-.

El secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, asistió ayer a la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado para explicar el nuevo reglamento que impulsará el Gobierno en sustitución de la actual resolución 490 del año 1997.

Comunicaciones acusa a las operadoras de brindar un mal servicio y actuar corporativamenteLa iniciativa oficial se lanzó el 9 de septiembre pasado y aumenta la regulación de 47 a 82 artículos. El nuevo texto contemplará la obligación de las empresas de informar a Comunicaciones cada cambio que deseen realizar en sus precios, quien tendrá poder de veto.También incorpora que el vencimiento de la recarga de los planes prepago no podrá ser inferior a 6 meses (actualmente es de 30 a 45 días); el envío de publicidad deberá ser expresamente autorizada por el usuario; y la suscripción a contenidos pagos deberá ser más trasparente.

Durante su visita a la cámara alta, Berner criticó a las operadoras del mercado (Claro, Movistar, Personal y Nextel) afirmando que "andan igual de mal y actúan corporativamente" y aclaró que en el Ministerio de Planificación Federal "no están satisfechos" con el servicio.

La Comisión Nacional de Comunicaciones publicó ayer su resolución 3797/13 que aprueba un nuevo manual de calidad para la telefonía móvil, que ordena requisitos técnicos mínimos de calidad para el servicio. Este punto ha sido uno de los mayores puntos de fricción entre Planificación y las empresas.

MÁS PROYECTOS DE CONTROL

Desde el Senado, los legisladores Eugenio Artaza (UCR, Corrientes); Norma Morandini (Alianza Frente Cívico, Córdoba); Laura Montero (Alianza Frente Cívico, Mendoza) y Carlos Verna (PJ, La Pampa) sostienen que deberá sancionarse una ley para convertir a la telefonía celular en un servicio público, dado que actualmente son una actividad completamente privada.

Cerca del 70% de las líneas celulares en el país están bajo la modalidad de contrato prepago (tarjeta) y son utilizadas intensamente por los sectores de menores recursos.

En el Senado hay unos 14 proyectos de ley para declarar a la telefonía móvil como un servicio públicoVerna y Artaza, vicepresidente de la comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, presentó un proyecto de ley para hacer públicos a los celulares. Este facultaría al Estado para fijar precios máximos, garantizar señal en todos los puntos con más de 100 habitantes y crear un fondo nacional de infraestructura con el 10% de la facturación de los titulares de licencias.Artaza también presentó otra iniciativa para que el crédito obtenidos en recargas de prepago no pueda vencer por cinco años y que sea expresado en minutos en vez de en pesos (lo cual aseguraría la misma de tiempo disponible para hablar en caso de suba de precios).

Estos dos proyectos tendrán estado parlamentario hasta el 30 de noviembre de 2014. Aunque en la que refiere a los prepagos, Verna, Montero y Artaza cursaron una nota a la presidenta de la comisión, Liliana Fellner, para que lo incluya compulsivamente en la orden de temas para poder arribar a un posterior dictamen. (Fuente:lanación.com)