El juez federal Julián Ercolini elevó a juicio oral y público una causa en que se investiga a Ernesto Clarens, el financista de la familia Kirchner, que está acusado de blanquear negocios de Lázaro Báez por unos 700 millones de pesos, a partir de la organización de una ingeniería financiera para poder transferir el dinero. El hombre de negocios es uno de los “arrepentidos” del caso de los cuadernos de la corrupción, de 2018.
 

Según se desprende de la investigación, Báez habría recurrido a Clarens para organizar una estructura financiera con el objetivo de lavar fondos que las empresas del Grupo Báez percibían del Estado Nacional a través de la obra pública vial, que a su vez es motivo de un juicio por fraude que comparte con Cristina Kirchner.

Para el fiscal Gerardo Pollicita, que investigó el caso, hubo una canalización de los fondos hacia la constructora Gotti S.A, una firma de Báez, hacia Invernes S.A de Clarens; luego hubo una salida contable del dinero hacia afuera del grupo Báez por medio de pagos imputados a servicios inexistentes; y finalmente un canje de los cheques en financieras que produjo su conversión a efectivo.

El fiscal consideró que en simultáneo a la “obtención ilegítima” por parte de Austral Construcciones de miles de millones de pesos por la defraudación al Estado por las obras públicas en juicio, “Lázaro Báez y Ernesto Clarens instauraron el primer paso de la maniobra criminal” que consistió en la canalización de al menos 790 millones de pesos desde Austral Construcciones S.A a Gotti S.A.

De acuerdo al fiscal, esto permitió a Austral desviar a Gotti poco más de un cuarto de sus ingresos, convirtiéndola en la sociedad puente de la maniobra. Explicó que la entrega de los fondos por parte de Báez a Clarens para que iniciaran su proceso de reciclaje, demandó una continua y progresiva transferencia desde Austral Construcciones a Gotti, que a su vez había cedido sus cobranzas y pagos a una tercera firma, Invernes, controlada por el propio Clarens.

Lazaro Baez, Julio De Vido y Cristina Kirchner en juicio. AFP

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La canalización de fondos fue registrada a través de una sucesión de facturas mensuales presentadas por Gotti a Austral Construcciones, descriptas como “certificado de obra”, por 790 millones de pesos. Una vez incorporados los fondos públicos al patrimonio de Austral Construcciones y habiéndose interpuesto a la empresa Gotti como sociedad puente, el segundo paso consistió en conseguir la salida contable de los fondos hacia afuera del grupo Báez, a través de la simulación de costos inexistentes que aparentaron tratarse de operaciones vinculadas a los gastos comunes que demandaban las obras públicas a cargo de Gotti.

Según la investigación, el tramo final consistió en que con justificación contable en facturas apócrifas, Invernes -actuando como agente de pagos de Gotti- libró 1930 cheques por un total de 500 millones de pesos. Esos cheques no fueron depositados en las cuentas bancarias de los “proveedores” o cobrados por ventanilla en los bancos donde Invernes SA tenía sus cuentas, sino que en todos los casos fueran canjeados por efectivo en un reducido grupo de entidades financieras, bancos y cooperativas.

Además de Clarens, señalado como el financista de los Kirchner, los acusados en esta investigación judicial que llevaron el juez Ercolini y el fiscal Pollicita son Guido Santiago Blondeau, César Gerardo Andrés, Andrea Daniela Cantin, Emilio Carlos Martín, Andrés Kechichian y Héctor Daniel Doldi.



La Nación 

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