Los funcionarios judiciales y policías llegaron sorpresivamente al organismo estadístico con una orden judicial. Nadie los esperaba, pero no hubo resistencia. Revolvieron en busca de datos del índice de precios al consumidor y número de pobreza, pidieron comunicados y metodologías, valoraciones de canastas, entre otros documentos. Eso que debería haber pasado hace 15 años, cuando comenzó la manipulación impulsada por Guillermo Moreno, y avalada por Néstor y Cristina Kirchner, se produjo ayer.

La medida fue impulsada en el marco de una causa por la falsificación estadística que por años congeló el juez Rodolfo Canicoba Corral, jubilado a mediados de 2020. Actualmente, ese juzgado Criminal y Correccional Federal, el Nº6, es subrogado por Daniel Rafecas. Se trata del juez que es candidato del presidente Alberto Fernández a procurador general, pero cuyo pliego fue frenado por Cristina Kirchner.

Fuentes judiciales precisaron que la causa está elevada a juicio, pero que quedó un remanente delegado en la fiscalía, que antes de cerrarlo quería ver una documental y pidió una orden de presentación para retirar esa información del Indec. Indicaron que fue un tema de rutina y tendiente a cerrar ese remanente. “La causa va a tener un desenlace en la etapa oral y pública”, estimaron.

El fiscal de la causa es Carlos Stornelli, el mismo que investigó el caso de los “cuadernos de las coimas,” que involucra directamente a la vicepresidenta. Este medio quiso consultar la opinión del fiscal y no tuvo respuesta. En tanto, en el Indec que conduce Marco Lavagna tampoco quisieron hacer comentarios.

Otras fuentes que conocen de primera mano lo que ocurrió por la mañana del jueves en el organismo contaron que creen que la causa se movió, no sólo por la salida de Canicoba Corral, sino por el ruido que se generó en los últimos días con el Censo 2010 que realizó la llamada intervención en el organismo. De hecho, en medio del operativo del censo digital que se lleva a cabo y que se terminará de materializar el próximo 18 de mayo de manera presencial, Lavagna debió ir a la Cámara de Diputados días atrás para despejar dudas.
La denuncia pública por la supuesta adulteración del Censo 2010 la había realizado el diputado de la UCR, Martín Tetaz, algunas semanas atrás. El legislador afirmó que se adulteraron los datos sobre la cantidad de población para recibir mayores aportes por coparticipación, entre otros beneficios.

“Hemos comparado varios indicadores. Por ejemplo, la cantidad de personas por vivienda en dicho municipio ascendió a 3,96, siendo que el promedio de la provincia de Buenos Aires es de solo 2,9 y que en relevamientos de barrios populares como Don Orione, en Almirante Brown, o Villa Itatí, en Quilmes, se registraron en 2018 3,43 y 3,55 personas por hogar respectivamente”, enfatizó y agregó: “Podría pensarse que se trata de familias más prolíficas, pero La Matanza tiene una de las tasas brutas de natalidad más bajas de la provincia de Buenos Aires, con solo 14 por mil, lejos del 17,7 de Quilmes o el 18,3 de Almirante Brown”.

Además, el intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, realizó la denuncia judicial al Indec por la manipulación de datos en la población de La Matanza. Otro intendentes su sumaron luego como querellantes.

Los pedidos de la Justicia

La orden de presentación de allanamiento tiene fecha del 27 de abril de 2022. Pide, en el marco de la causa 5197/07 “Moreno Mario Guillermo y otros s/violación de secretos” la policía pase por el Indec entre las 8 y las 18 (de ayer) y le requiera a Lavagna “la totalidad de los expedientes o actuaciones originales, planillas de relevamiento de precios, publicaciones del organismo y comunicados de prensa, como así también toda constancia labrada que pudiera encontrarse reservada en dispositivos electrónicos, registros e información de sistema de datos y/o programas que abarque el período comprendido entre los meses de julio de 2007 y diciembre de 2015″.

Se trata, detalla la orden judicial, de información vinculada a la medición del índice de precios al consumidor de Capital Federal y Gran Buenos Aires, y su metodología, en particular, “con los expedientes donde su hubieren conformado, agregado, corregido y aprobado. Además, pide “la totalidad” de los formularios de encuestas realizadas para todos los productos que integró en ese lapso temporal el IPC GBA.

Suma el reclamo por la medición del índice de pobreza e indigencia y su metodología; la valoración mensual de la canasta básica total y los “documentos correspondientes a sus procesos de elaboración y sus publicaciones”, “toda la documentación sobre las tareas realizadas en la Dirección de la Encuesta Permanente de Hogares que incluya los índices realizados en ese período, en particular deberá recabarse el informe de mercado de trabajo del segundo trimestre de 2007 en el que se encuentra consignada la información vinculada al aglomerado Bahía Blanca”, y la documentación respaldatoria pertinente a la medición del índice de inflación y las publicaciones de ese período.

Según se supo, la información fue recopilada por las autoridades policiales y judiciales que se presentaron en el Indec y dejadas en custodia en el mismo organismo estadístico.

“Me sorprende. Que se solicite nuevamente documentación luego de 15 años de iniciada la causa. Puedo suponer que tal vez haya alguna nueva línea investigativa, pero a nosotros no nos cambia en nada ni nos hace olvidar los aprietes, los desplazamientos, despidos, además de la manipulación de los distintos datos o indicadores que brinda el Indec, fundamentalmente IPC y EPH, que puso en tela de juicio nuestro trabajo por un hecho torpe del gobierno de turno”, dijo Raúl Llaneza, delegado de ATE en el Indec.

“Si me preguntas cómo estamos hoy en Indec, aclarando que no existe posibilidad de falsear datos, sigue vigente la situación que posibilitó la intervención política: dependencia del poder político, precariedad laboral para el personal en general y direcciones, y magros salarios”, agregó Llaneza.

Néstor Kirchner y Guillermo Moreno en el 2007. Archivo La Nación

La intervención del Indec fue dirigida por Moreno y respaldada por Néstor y Cristina Kirchner. Comenzó en enero de 2007 con el desplazamiento de Graciela Bevacqua, entonces directora del área de Precios. La presión de Moreno había comenzado un año antes. El entonces secretario de Comercio Interior hizo nombrar a Beatriz Paglieri con la complicidad de Ana María Edwin. Otras mujeres -técnicas con años en el Indec- fueron apuntadas por la intervención, como Clyde Trabuchi, Cinthia Pok, o Marcela Almeida.

Entre 2007 y 2015 se falsificaron los datos de inflación, pobreza, comercio exterior, mercado de trabajo, PBI, entre otros. ATE fue la principal resistencia dentro del organismo. Por fuera, economistas privados -entre ellos, Jorge Todesca y el propio Lavagna- publicaron índices alternativos y fueron multados por Moreno. Con la llegada de Cambiemos, en 2015 se normalizó la situación del Indec. Asumió Todesca, volvió temporalmente Bevacqua (hoy es asesora) y esa línea es mantenida hoy por Lavagna.









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