El escándalo por el “vacunagate” promete seguir creciendo en la Justicia. Por ahora los únicos imputados son el ex ministro de Salud Ginés González García y su sobrino y mano derecha Luis Bonelli. La jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Eduardo Taiano trabajan sobre las pruebas secuestradas en el Ministerio de Salud y los documentos que aportó el director del Posadas Alberto Maceira al declarar como testigo. Pero ahora el primer denunciante del caso, el abogado Yamil Santoro, del partido Republicanos Unidos, prepara una ampliación de denuncia en el que pide investigar también a Maceira a la par que el renunciado ex ministro.

Santoro, además, reclama investigar penalmente a funcionarios como Julio Vitobello, Juan Biondi, Marcelo Martín, Felipe Solá, Carlos Zannini, o a los ex gobernadores bonaerenses Daniel Scioli o Eduardo Duhalde. Es decir: todos los que figuran en la lista que difundió el lunes el Ministerio de Salud como vacunados en el Posadas y que no eran personal de salud. A Zannini, procurador del Tesoro, pedirá que lo investiguen por falsedad ideológica de documento público porque aparece como personal de salud.

“Entendemos que el Sr. Director del Hospital Posadas, Alberto Maceiro, al igual que el ya denunciado Ginés González García, debe ser investigado por los delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos, atento a su posible responsabilidad en el manejo de las vacunas que estaban a su cargo, vulnerando normas de ética pública, vulnerando los criterios de aplicación de vacunas y, fundamentalmente, vulnerando el principio de igualdad, consagrado en el art. 16 de la Constitución Nacional. Todo ello, mediante el desvío de recursos sanitarios hacia otras personas distintas a las que correspondía, de acuerdo a la estrategia oficial diseñada para luchar contra la pandemia”, escribió el denunciante en el escrito.

Maceiro declaró este martes como testigo ante la jueza y el fiscal. Confirmó que fue al Ministerio el 18 de febrero pasado para aplicar las diez dosis de vacuna, que incluyeron al periodista Horacio Verbitsky, y apuntó a dos funcionarios del Ministerio como las personas que llamaban al Posadas “de parte del ministro” para que se incluyera a personas recomendadas.

En la presentación que hará en tribunales, Yamil Santoro sostiene que González García “habría regenteado una suerte de ‘vacunatorio VIP’, valiéndose para ello de su cargo de Ministro de Salud de la Nación, ordenando la aplicación de dosis de vacunas a personas allegadas o cercanas a él, en razón de su vínculo y al margen de cualquier criterio sanitario vigente”.

“Resulta harto claro que las dosis de vacunas que pudieren haber estado bajo la administración de González García, en razón de su cargo, no eran para administrarlas a su mera voluntad a personas con las que lo une un vínculo de amistad o simpatía; en este orden de ideas, ordenar la aplicación de dicho insumo limitado y escaso en el marco de una pandemia mundial vulnera la normativa de Ética Publica que rige el obrar de los funcionarios públicos y las obligaciones sobre los insumos a su cargo y, a su vez, contraviene las mismísimas políticas sanitarias – políticas de las que resulta autoridad máxima de aplicación -. Vulnera, asimismo, esta conducta, el principio de igualdad, consagrado en el art. 16 de la Constitución Nacional y en tratados internacionales de DDHH que gozan de jerarquía constitucional”, se afirmó.

El abogado promoverá la denuncia en base a varios delitos que apuntan al fraude. “Las personas individualizadas en la lista podrían haber formado de un ardid en perjuicio de la Administración y del patrimonio del Estado Nacional, en complicidad con funcionarios nacionales, tendiente a obtener un beneficio sanitario (la vacuna) que no les correspondía –al menos en esa instancia-, en desmedro de terceros, a quienes sí estaba destinada. Y también se desprende de lo dicho hasta aquí, que el mencionado ardid podría haber consistido en simular la calidad de destinatario de la vacuna, en plena conformidad con la política sanitaria y criterios sanitarios vigentes”.

Sobre Zannini, procurador del Tesoro, que aparece vacunado como “personal de salud”, se pidió además investigarlo por “falsedad ideológica de instrumento público”. La denuncia se presentará en las próximas horas en Comodoro Py como parte de la denuncia que se abrió el lunes por el escándalo del vacunatorio vip.


 

Con información de Infobae