El Gobierno argentino decidió extender hasta el próximo 24 de julio la vigencia de la oferta a sus acreedores, salvo que se extienda por un período adicional o que se finalice en forma anticipada.

Tras dos días de declaraciones cruzadas, el Ministerio de Economía y los distintos grupos de acreedores encaminaron la negociación para reestructurar los títulos de deuda de la Argentina por USD 65.000 millones.

“Desde la extensión anterior de la Invitación, la República continuó manteniendo proactivamente debates con distintos grupos de inversores, adelantó posibles ajustes a la Invitación y recibió comentarios de inversores, así como también otras sugerencias sobre los diferentes caminos para mejorar los recuperos”, señaló la cartera que encabeza Martín Guzmán en un comunicado.

“Argentina cree firmemente que una reestructuración de deuda exitosa contribuirá a estabilizar la condición económica actual, mitigando las restricciones a mediano y largo plazo sobre la economía de Argentina, las cuales fueron creadas por la actual carga de deuda, y reencauzando la trayectoria económica del país hacia el crecimiento a largo plazo. Argentina y sus asesores pretenden aprovechar esta extensión para continuar con las discusiones y permitirles a los inversores continuar contribuyendo con una reestructuración de deuda exitosa”, agregó.

Si bien desde ambas partes de la negociación aseguran que las diferencias entre el gobierno y sus acreedores se han reducido desde el comienzo del proceso hasta el presente, el miércoles pasado se llegó a un punto crítico, dado que los acreedores se negaron a mantener hasta hoy los acuerdos de confidencialidad y, sobre el final de ese día, el gobierno hizo pública su nueva propuesta, que tiene un valor presente neto de USD 50 al que agregó como elemento novedoso un cupón atado a la evolución de las exportaciones.

Ese marco de caminos estancados fue impulsado desde lo más alto del gobierno. El propio presidente Alberto Fernández mantuvo contactos con algunos fondos de inversión involucrados en la negociación. Tras esas conversaciones, el primer mandatario ordenó al ministro Guzmán reabrir los vínculos para sostener el principal objetivo declarado por el gobierno: evitar el default.

La estrategia del Gobierno consiste en que la oferta se mantenga en los USD 49,90, la cifra que cuenta con el apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI), y que los acreedores presenten alternativas que contribuyan a mejorar las condiciones sin modificar ese valor.

Algunos de los fondos aspiran a recibir un monto superior, que llegue a los USD 55. En particular, BlackRock -y la agrupación de acreedores que integra, el Grupo Ad Hoc- es quien se ha mostrado más inflexible. En los entredichos del miércoles pasado, el Grupo Ad Hoc señaló en un comunicado que “las autoridades han optado por profundizar innecesariamente este período de deterioro económico al rechazar nuestra solución sostenible y sensata”.

Asimismo, criticaron que el gobierno argentino decida “permanecer en un estado de incumplimiento, arriesgándose a daños adicionales inmediatos y a largo plazo, en una economía que necesita desesperadamente inversiones adicionales y acceso a los mercados internacionales de capital”.

Pocas horas después, el presidente Fernández se refirió el tema en una entrevista con Telefé: “Algunos tienen una tesitura de mucha dureza que por momento no se entiende, vamos a hacer todos los esfuerzo que podamos hacer sin que signifique más postergaciones para los argentinos. No me gusta esta Argentina que cae en el default todo el tiempo, nosotros recibimos el país en default porque el reperfilamiento era un default, pero ningún acreedor me va a convencer de que haya sufrir más a los argentinos para pagar un peso de deuda más, en eso soy inflexible”.

Fuente: Infobae
Foto portada: Juan Ignacio Roncoroni / EFE