El presidente de la Nación, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, están reunidos en Olivos analizando un paquete de medidas de respuesta para evitar que el impacto económico del coronavirus termine por sumir a la Argentina en una depresión económica.

A posteriori de la reunión con Guzmán, a las 17 horas, el presidente mantendrá una reunión muy amplia de funcionarios del gobierno nacional para ampliar la temática y revisar el panorama de las distintas áreas de gobierno. Además, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, convocó también para mañana a las 9 a todos los ministros, a otra reunión que probablemente vuelva a encabezar el presidente. Hay sentido de urgencia, pero también examinar a fondo las medidas para no cometer errores.

Aunque el gobierno mantiene la decisión de avanzar en la restructuración de la deuda, la prioridad del momento es estimular la economía, relegar los objetivos de austeridad o reducción del déficit fiscal y, por el contrario, estimular la producción y el consumo, aunque eso conlleve costos fiscales y monetarios. La fórmula política del “Estado presente” y “políticas activas” que el gobierno prioriza sobre concepciones más ortodoxas ganó definitivamente la mano.

Ante la posibilidad cierta de una depresión económica, conceptos como crédito, expansión monetaria, estímulo fiscal y eventuales controles de precios pasaron a dominar el escenario. Todo el equipo económico, incluido el ministerio de Desarrollo Productivo, encabezado por Matías Kulfas, están involucrados en la confección de las medidas.

Esta mañana, el presidente admitió en entrevista radial la posibilidad de “parar” el país por diez días, de modo de reducir al mínimo la circulación del coronavirus, pero reconoció que esa medida tendría un alto impacto económico, que debian evaluar precisamente esa cuestión y que la primera reunión que tendría, además de la reunión ampliada de las 17 horas en la Residencia Presidencial de Olivos, sería con el ministro de Economía.
El gobierno mantiene bajo análisis la posibilidad de cerrar todas las escuelas del país, pero en la entrevista Fernández dijo que para evitar que eso derive en la exposición de muchos abuelos (la población más vulnerable al coronavirus) al cuidado de sus nietos, debería ser acompañada por un corte total de actividades. A su vez, señaló, ese corte tendría un severo impacto económico, que es necesario mitigar.


Las excepciones obvias a un parate de ese tipo son transporte, energía, salud, que deberían tener instrucciones precisas de funcionamiento para atender diferentes tipos de situación. De todos modos, ante la consulta de Infobae, desde el ministerio de Transporte señalaron que de momento no se analiza la posibilidad de parar el transporte público o algún tipo de régimen excepcional.
Los servicios públicos esenciales, como agua, electricidad, provisión de gas tienen protocolos de funcionamiento en casos de emergencia. Como en las actuales circunstancias uno de los riesgos puede ser la disponibilidad de personal, la distribuidora Edesur, por caso, dispuso la creación de “centros de respaldo” para seguir operando la red ante eventuales faltas de personal por contagio del virus.

La emergencia y después
Pero más allá de la decisión inmediata, están las medidas para evitar sus costos más extremos y cuyo alcance excede el período de aplicación, por el efecto depresivo que un parate tendría sobre la producción, el consumo y, entre otras cosas, el comercio exterior, por el abastecimiento de bienes y la necesidad de seguir generando divisas a través de las exportaciones.

El viernes pasado, funcionarios de la Anses, el Banco Central y las asociaciones de bancos se reunieron para analizar cómo evitar que en aproximadamente dos semanas millones de jubilados concurran a los bancos a cobrar su mensualidad y pagar cuentas y servicios. Y volverán a hacerlo el lunes, para acordar medidas concretas.

Ejemplo del tipo de reacción que esperan el gobierno y las empresas fue la decisión de uno de los bancos convocados de anunciar una línea de crédito a tasa del 20% anual para que micros, pequeñas y medianas empresas compren equipamiento que les facilite a la empresa y a sus empleados la aplicación de regímenes de teletrabajo o home office, de modo que al menos las actividades de servicios no se resientan ante acechanzas como las que ahora plantea el coronavirus.

Uno de los riesgos que medidas de estímulo fiscal o expansión monetaria, que son exactamente las que los países desarrollados están adoptando en estos momentos, plantean para la Argentina es que deriven en una renovada espiral inflacionaria. En ese contexto, palabras como concertación o control de precios y aplicación de la ley de abastecimiento toman vuelo. De hecho, ayer la secretaría de Comercio Interior inició inspecciones para chequear en especial el abastecimiento y los precios del alcohol en gel y barbijos. Al respecto, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dijo que el gobierno sancionará cualquier abuso aplicando la ley de Abastecimiento y el Código Penal.

En este contexto también debe recordarse que en el discurso de apertura de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa el presidente reafirmó su decisión de crear un “Consejo Económico y Social”, al frente del que querría designar al ex ministro de Economía y candidato presidencial Roberto Lavagna.

Fuente: InfoBae