En rigor, hizo más que eso. Determinó que la multinacional Cargill no tiene que pagar más de $ 44 millones que se disputaban por el impuesto a las ganancias, según consta en la presentación de la AFIP cuya copia obtuvo LA NACION.

El inesperado giro de la AFIP se centró en un solo balance de Cargill, correspondiente a 2005, aunque ya generó una correlación con lo que reclamaba a la firma por su balance de 2006. Más aún, podría disparar un efecto dominó sobre otras compañías con las que mantiene una agria disputa por los llamados "precios de transferencia".

El allanamiento del organismo que lidera Ricardo Echegaray se plasmó en un expediente administrativo que tras años de debate dentro del organismo tributario pasó al Tribunal Fiscal. Allí, el ente recaudador comunicó que renunciaba a su reclamo, a pesar de que ya contaba con una "consulta vinculante" contraria a Cargill desde 2004 y fallos favorables para la AFIP de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo en casos similares.

Ahora el Tribunal debe decidir si se encuentra obligado a homologar esa decisión aun cuando contradice su posición histórica y la expuesta por la Justicia.

El giro de la AFIP llegó el 11 de julio pasado, sólo una semana después de que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno -con quien Echegaray mantiene una puja de poder-, anunciara que aplicaría la ley de abastecimiento y amenazara con decomisar trigo a los exportadores y volcarlo al mercado interno para bajar su precio.

Ese mismo jueves 11 de julio, incluso, el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, afirmó que "hace falta ponerse el látigo en la mano para que el trigo aparezca" y sostuvo que fruto de la reunión con "los componentes de la cadena de trigo y harina [...] el precio bajó entre un 25 y 28 por ciento".

Pero mientras algunos funcionarios amenazaban con "látigos", la AFIP cedió más de $ 44 millones en impuestos e intereses reclamados a Cargill por el ejercicio 2005, monto al que también habría que sumar el correspondiente a 2006, también reclamado.

Consultados por LA NACION, desde Cargill tomaron con mesura lo ocurrido. Sólo indicaron que sus argumentos defensivos eran "muy sólidos" y que estaban "tranquilos", pero que como política general de la compañía alrededor del mundo prefieren no emitir comentarios "sobre litigios impositivos". Desde la AFIP, en tanto, no respondieron la consulta periodística.

La resolución 5/13, de todos modos, expone el giro del ente recaudador. Contradice la posición que había mantenido hasta entonces y que llegó a verter en una "consulta vinculante", y abrió la puerta para que otras empresas cerealeras o incluso de otros rubros comiencen a reclamar el mismo tratamiento, basadas en el principio conocido como del "error excusable".

DINERO, MULTA Y CAUSA PENAL

Firmada por el subdirector general técnico legal impositivo de la DGI, Pablo Aguilera, esa resolución favorable a Cargill revirtió la posición oficial que la AFIP había emitido dos años antes mediante otra resolución, la 152/2011.

En esa resolución, del 20 de diciembre de 2011, la subdirección general de Operaciones Impositivas de Grandes Contribuyentes Nacionales había determinado que la cerealera debía ingresar en concepto de Ganancias por el año 2005 algo más de $ 17,2 millones, más otros $ 26,8 millones por intereses resarcitorios. Un total superior a los $ 44 millones, al tiempo que difería la eventual aplicación de una multa a lo que ocurriera en sede penal, donde la Justicia investigaba la posible comisión de distintos delitos.

Según explicó la AFIP en 2011, los millones reclamados y la causa penal respondían a exportaciones que Cargill Argentina envió a su controlada en Uruguay "que no respondían a prácticas normales de mercado entre partes independientes". Es decir, que no se trataba de una venta normal, sino de una supuesta simulación con precios menores con el presunto fin oculto de evadir impuestos.

El organismo incluso ganó los primeros rounds contra las cerealeras. Obtuvo fallos favorables del Tribunal Fiscal -órgano de apelación administrativo de las decisiones de la AFIP-, así como de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal. Por ejemplo, en el caso "Alfred Toepfer Internacional SA", del 13 de diciembre de 2012.

Ocho meses después, sin embargo, la AFIP facultó a sus abogados "a formular el presente allanamiento total" en favor de Cargill cuando el reclamo ya tramitaba en la sala "A" del Tribunal Fiscal.

En esa línea, y de acuerdo con la ley, el Tribunal Fiscal no tiene ahora mucho margen para objetar el allanamiento fiscal. Así lo dispone el artículo 164 de la ley 11.683 de procedimiento fiscal, aunque ese principio, en apariencia monolítico, podría caerse si la sala A lo considera arbitrario, contrario a las leyes y a la jurisprudencia del propio Tribunal y de su superior en la materia.

De acuerdo con la resolución que firmó Aguilera -quien depende de manera directa del titular de la DGI, Ángel Toninelli, y éste de Echegaray-, la AFIP sólo pretende que las costas del juicio se apliquen "por su orden". Es decir que cada cual afronte parte de los costos. De no ser así, al fisco podría costarle otros $ 8 millones entre honorarios y tasa de actuación. Es decir, un rojo total de $ 52 millones. No hubo tal látigo.

UNA PUJA CON MORENO QUE CRECE DÍA A DÍA

4 de julio
El secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, amenaza con aplicar la ley de abastecimiento y decomisar el trigo de los exportadores para bajar su precio en el mercado interno

11 de julio
Mientras el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, promete "látigo" para los operadores por el precio del trigo, la AFIP vuelve sobre sus pasos en su puja contra Cargill, a la que deja de reclamarle $ 44 millones

1° de octubre
El Tribunal Fiscal, órgano de apelación de la AFIP, evalúa si convalida el silencioso giro del organismo que lidera Ricardo Echegaray, que se plasma en la resolución 5/2013.

Fuente: lanación.com