El Ministerio de Trabajo de la Nación dispuso este miércoles la intervención del Sindicato Único de Recolectores de Córdoba (Surrbac), en el marco de la causa donde se investigan presuntas maniobras de lavado de activos, entro otros delitos.

La medida fue confirmada a través de una resolución publicada este miércoles en el Boletín Oficial, donde se nombre como interventor a Alberto Ricardo Ramón Simón.

La resolución se conoce luego de una solicitud del juez federal Ricardo Bustos Fierro y a poco más de dos meses de la intervención de la mutual.

Los principales dirigentes del gremio, Mauricio Saillén y Pascual Catrambone, se encuentran detenidos en la cárcel de Bouwer desde agosto pasado acusados de lavado de dinero, asociación ilícita, usura y defraudación.

Qué hará el interventor

En la resolución se habilita a Simón para “ejercer los actos conservatorios y de administración necesarios para subsanar las irregularidades existentes, determinadas por la Autoridad Judicial”.

En ese sentido, indica que deberá “presentar un informe detallado del estado económico financiero en que se encuentra la entidad, como así también rendición detallada de su gestión en el cargo, en el término de 45 días”.

El caso Surrbac

La investigación por presuntas irregularidades en el Surrbac se inició en 2016, ante la sospecha de que la mutual fue usada para realizar supuestamente lavado de dinero, lo que habría resultado en millonarias ganancias para algunos de los principales miembros de la comisión directiva del sindicato.

A fines de agosto de 2019, Saillén, Catrambone y otros imputados en al causa fueron detenidos en un megaoperativo que contó con 13 allanamientos en distintos puntos de la Capital provincial. Secuestraron vehículos, entre otras pertenencias.  

Con la detención de Mauricio, sus hijos Franco y Juan habían quedado al mando del sindicato. 

En octubre pasado, la Cámara Federal rechazó la liberación de Saillén y Catrambomne.  

En diciembre quedó finalmente intervenida la mutual del sindicato y este martes Trabajo designó a un interventor en el gremio.

La Voz