Se resiste a creer que la andanada de fuego amigo en defensa de ciertos acusados de profundos casos de corrupción fue la respuesta política a los resultados de su exitosa gira por Europa para explicar su estrategia negociadora ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Es más, Alberto Fernández sostiene que la presión del kirchnerismo puro, asegurando que Milagro Sala, Amado Boudou y Julio de Vido son “presos políticos”, sólo es “un problema semántico” y no implica una acción deliberada en los medios para delimitar su propio espacio de poder.

Sin embargo, ante una pregunta puntual de Infobae, el Presidente no dejó lugar a ninguna duda: “No pienso indultar a nadie. No está en mis planes”, dijo seco y en tono agrio.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el ministro del Interior, Wado de Pedro, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Eli Gómez Alcorta, y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, sostuvieron en una ola de afirmaciones públicas que hay “presos políticos” en esta etapa de la democracia. Y esos presos serían, desde estos referentes del Cristinismo, exfuncionarios como De Vido y Boudou, y exmilitantes sociales como Sala y Luis D´Elía.

Alberto Fernández estudió derecho durante la dictadura militar, y desde su formación ideológica, presos políticos eran los sobrevivientes de la Masacre de Trelew, el sindicalista combativo Agustín Tosco, o el actual senador peronista Jorge Taiana, por citar tres casos emblemáticos.

En esos tiempos estudiantiles del presidente, desde 1978 a 1983, se pintaba las paredes con la leyenda “Navidad sin presos políticos”. Y semejante categoría hoy aparece como una enormidad frente a los antecedentes penales de Boudou o De Vido.

Frente a la sucesión de afirmaciones públicas de Kicillof, De Pedro, Gómez Alcorta y Berni, todos con poder real y vinculación ideológica y política con la vicepresidente, Alberto Fernández llamó por teléfono a Cuba y al celular personal de Máximo Kirchner. En ambos casos, CFK y Máximo contestaron idéntico: no era una operación concertada, y menos todavía una movida para “limar” la imagen presidencial.

El Presidente creyó en los argumentos de Cristina y de Máximo, y empezó a delimitar las razones que llevaron a dos ministros nacionales, un gobernador bonaerense y su ministro de Seguridad a caracterizar a Sala, Boudou y De Vido como presos políticos. “Hay un problema semántico, y de entendimiento de fechas históricas: Sala es una detención irregular, y respecto a Boudou, fue procesado cuando Cristina era Presidente. No van a decirle también a ella que tenía presos políticos”, aseguró Alberto Fernández en la intimidad de Balcarce 50.

A De Vido no lo defiende. El Presidente está distanciado desde hace años del ministro record en las dos administraciones de Cristina Fernández de Kirchner.

Y tampoco pierde el tiempo en revisar los argumentos de Berni. Alberto Fernández ya le marcó el ticket de salida al ministro de Seguridad bonaerense. Sólo espera que se alinee su voluntad política con los tiempos de un gobierno que está en jaque por la deuda externa y la crisis económica.

Al margen de los supuestos problemas semánticos, el ala dura del kirchnerismo considera que es posible un indulto presidencial para “los presos políticos” que sufren el presunto Lawfare que se aplica como un credo en Comodoro Py y en los tribunales federales de Jujuy. Aunque ahora callan, De Pedro, Gómez Alcorta y Kicillof consideran posible un eventual indulto presidencial para Sala, De Vido y Boudou.

Ante esta hipótesis de trabajo, Alberto Fernández no tiene dudas respecto a la perspectiva política y a la aplicación del derecho constitucional del indulto. El presidente -desde una mirada jurídica- considera que no es posible indultar con los procesos abiertos, y cuando sucedió -épocas de Carlos Menem con sus indultos-, finalmente fueron anulados por la Corte Suprema con el apoyo político de Néstor Kirchner, que en ese entonces era jefe de Estado.

Fuente: Infobae