El juez en lo Comercial Javier Cosentino determinó que esa ley de expropiación viola, al menos de manera parcial, la Constitución, al igual que el "convenio de avenimiento" que dispuso la Casa Rosada para compensar la eventual indemnización por la deuda por $ 275,7 millones que mantenía la imprenta con la AFIP.

Cosentino, que está a cargo del concurso de la empresa, avanzó además sobre algunas figuras decisivas en la compleja trama del "caso Ciccone". Apartó al ex presidente y representante legal de la imprenta Alejandro Vandenbroele y al interventor oficial de la firma, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, de las negociaciones que deberían llevar al cobro de esa indemnización.

El magistrado delegó esa responsabilidad en el síndico del concurso, Martín Stolkiner, tras exponer que Lorenzino afrontaba "un claro conflicto de intereses que tornaba incompatible su actuación", ya que debería reclamarle al Gobierno que él integra una indemnización que él a su vez debería pagar. ¿A qué parte representaría mejor?

Cosentino firmó el fallo el viernes -aunque sólo trascendió ayer- tras escuchar los últimos meses argumentos contrapuestos de la familia Ciccone -con el 30% de las acciones de la imprenta-, Vandenbroele -como presidente de la compañía y de The Old Fund, que retenía el 70% restante-, de Lorenzino, de la AFIP, del síndico y del fiscal.

El fallo comenzó a ser notificado el viernes y se descuenta en Tribunales que será apelado por todos, ya que Cosentino buscó una solución salomónica, al admitir planteos de cada uno, pero también cerrarles la puerta a otros reclamos.

En el caso de los Ciccone, por ejemplo, determinó que deben recurrir a otro fuero, el Contencioso Administrativo Federal, para reclamarle al Estado por las eventuales falencias de la expropiación, pero admitió el reclamo familiar, refrendado por el síndico, de que el proceso era, al menos en parte, inconstitucional.

El juez tomó esa decisión tras repasar el modo en que la AFIP pretendía compensar la indemnización -estimada en $ 300,3 millones- con los impuestos por los $ 275,7 millones que le adeuda la ex Ciccone, basado en el artículo 3 de la ley 26.761 que el Congreso aprobó el 22 de agosto del año pasado. De ese modo, el ente recaudador podría recuperar el 100% de su acreencia en el concurso, mientras que otros acreedores se quedarían con un porcentaje ínfimo o incluso sin un centavo, por lo que se violaría el principio constitucional de igualdad ante la ley.

Cosentino determinó, por el contrario, que el síndico deberá efectuar "un cálculo matemático" para determinar hasta qué punto será posible esa compensación sin perjudicar al resto de los acreedores. Dicho de otro modo, la AFIP sólo podrá compensar acreencias por el mismo porcentaje de recobro que los restantes reclamantes.

"Entonces -explicó el magistrado- procederá decretar la inconstitucionalidad parcial de la norma referida en tanto la compensación del crédito con el resarcimiento derivado de la expropiación exceda lo que habrían de percibir los restantes acreedores de igual rango, tanto privilegiados como quirografarios."

"IDAS Y VUELTAS"

A lo largo del fallo, Cosentino también deslizó comentarios cargados de intención. Le recordó a la AFIP, por ejemplo, que no podía pretender un beneficio extraordinario e ilegal después de las "idas y vueltas" que mantuvo con la imprenta, a la que primero negó un plan de pagos para luego, y ya con Vandenbroele dentro de la compañía, otorgarle "un amplio plan de facilidades de pago que en los hechos implicó dejar atrás el estado falencial para volver a la situación concursal original". Permitió sacar de la quiebra a la imprenta, ya rebautizada "Compañía de Valores Sudamericana", y colocarla otra vez en un concurso.

El responsable de esas "idas y vueltas" fue el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, quien luego de rechazar un plan de pagos general que había solicitado la familia Ciccone se reunió con Cosentino a mediados de 2010 para expresarle el interés del Gobierno en la quiebra de la imprenta. Pero que después del ingreso de Vandenbroele en la firma le otorgó cinco planes excepcionales de pago y consintió el levantamiento de la quiebra solicitado.

Cosentino recordó además, de pasada, que el rol de Vandenbroele también se encuentra bajo la lupa judicial, aun cuando remarcó que "la composición accionaria de The Old Fund es cuestión que a este tribunal no le interesa, sin perjuicio de las investigaciones penales en curso". Esa investigación la lleva adelante el juez federal Ariel Lijo, centrada en la actuación del entonces ministro de Economía y actual vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, imputado de presuntas negociaciones incompatibles con su función pública, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito.

Fuente:lanación.com