Una vez sean elegidos los vocales del Tribunal Supremo Electoral, éstos fijarán la fecha electoral, más allá del 22 de enero y en un plazo máximo de 120 días.
La cuenta atrás para unas nuevos comicios en Bolivia ha comenzado hoy con la promulgación en acto público de la llamada Ley de Régimen Excepcional y Transitorio para la Realización de Elecciones Generales 2020. Los 12 artículos urgentes, que pretenden desatrancar buena parte del conflicto boliviano, fueron sancionados ayer por la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde tiene mayoría el Movimiento Al Socialismo (MAS) de Evo Morales.
Hoy le tocó el turno a Jeanine Áñez, presidenta provisional, quien encabezó el acto junto a la presidenta del Senado, Eva Copa, dirigente del MAS. Ambas exhibieron a cuatro manos la ley, eso sí, con gestos contrarios: Áñez con una sonrisa de triunfo y Copa como si se tratara de un funeral.
Fueron necesarias muchas horas de negociación bajo presión para que los parlamentarios de la revolución indígena apostaran finalmente por el camino electoral en medio de los enfrentamientos que se suceden todos los días. La nueva ley confirma que ni Morales ni su mano derecha, el ex vicepresidente Álvaro García Linera, encabezarán las listas del MAS y que el proceso comienza de nuevo con la posibilidad de inscribir nuevas candidaturas, lo que abre la puerta a que el líder cívico de Santa Cruz, Fernando Camacho, compita por la presidencia. Este dirigente de línea dura, con un estilo que recuerda al de Jair Bolsonaro, lideró las protestas en el bastión opositor de la Media Luna, en los departamentos orientales del país.
"Llegamos a este día con la satisfacción del deber cumplido, no ha sido fácil construir el consenso. Agradezco a todos los parlamentarios que han hecho posible la construcción de acuerdos para un nuevo pacto social. Tenemos el mandato para organizar elecciones limpias, justas y transparentes y les garantizamos que vamos a lograrlo", subrayó la presidenta provisional en su discurso.
El primer paso ahora será la elección de los seis vocales que componen el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que será quien fije la fecha electoral más allá del 22 de enero y en un plazo máximo de 120 días. Al menos dos de ellos serán de "origen indígena originario campesino" y al menos tres mujeres. Su mandato se prolongará únicamente durante seis años. Una vez elegidos, disponen de 48 horas para programar la fecha de las elecciones generales donde, además de la presidencia, también se elegirán a los parlamentarios.
"El nuevo TSE debe ser integrado por los mejores hombres y mujeres en el país, dispuestos a trabajar por la recuperación de los valores de la democracia. Vamos a recuperar la democracia con democracia. Llega el tiempo de la reconciliación", sentenció Áñez.
El proyecto legislativo establece que en caso de no alcanzar la mayoría del 50% o superar el 40% con una ventaja superior a las diez puntos, se iría a una segunda vuelta electoral en el plazo de 45 días.
De esta forma, el proceso comienza de cero pero sin la presencia del líder aymara, invencible en las urnas desde 2005 hasta que los bolivianos decidieron ponerle freno a sus deseos de perpetuarse en el poder con el referéndum de 2016. Y es precisamente entonces, al torcer Morales el deseo popular, cuando comienza a gestarse su deriva presidencialista, rematada con el fraude electoral descubierto por la Organización de Estados Americanos (OEA) el 20 de octubre.