El presidente peruano, Martín Vizcarra, anunció durante la tarde del lunes la disolución del Congreso, dominado por la oposición fujimorista y sus aliados de derechas, tras una jornada que ha reflejado más que nunca el choque entre el Ejecutivo y el Legislativo. La medida, contemplada en el artículo 134 de la Constitución, llega horas después de que el mandatario no lograra frenar una polémica designación de nuevos miembros del Tribunal Constitucional impulsada por la oposición. Fuerza Popular, la formación de Keiko Fujimori, que se encuentra en prisión preventiva por lavado de dinero, y el Partido Aprista llevaban días maniobrando para hacerse con el control de la Corte. "Que sea finalmente el pueblo quien defina a quién le da la razón: si a la mayoría parlamentaria que hoy disuelvo y se ha opuesto al Ejecutivo, o si le da la razón al Ejecutivo eligiendo una nueva mayoría”, dijo Vizcarra.

El Congreso eligió este lunes a un magistrado del Constitucional —uno de los seis que deben ser reemplazados por el fin de su período— en una votación accidentada en la que se descartó debatir primero una moción de confianza (vinculada a una iniciativa legislativa) anunciada el viernes pasado por el Ejecutivo para modificar el sistema de designación de los jueces del Alto Tribunal. Dado que el Legislativo prefirió nombrar al magistrado sin tan siquiera considerar la propuesta del Ejecutivo, Vizcarra anunció la disolución del Parlamento y la consecuente convocatoria de elecciones para el próximo 26 de enero. "Desde el Congreso no se dio la prioridad que la cuestión de confianza [proyecto de ley] merece y se eligió al primer miembro del tribunal exprés en una dudosa votación”, explicó el mandatario peruano. 

El presidente había lanzado el domingo un ultimátum al Congreso al anunciar que lo disolvería si este lunes le negaba la confianza para que pudiera reformar el método por el que se designa a los magistrados del Constitucional. Con ese cambio en la ley, Vizcarra buscaba impedir que ese Alto Tribunal fuera copado por jueces designados por la oposición fujimorista, que tiene mayoría en el Congreso junto a sus aliados de derecha y extrema derecha. Pero el Parlamento decidió finalmente pasar por alto la propuesta del presidente e iniciar de inmediato el nombramiento de los nuevos magistrados que, presuntamente, son mejor vistos por la oposición fujimorista.

"He decidido disolver el Congreso y convocar a elecciones parlamentarias" anticipadas, dijo Vizcarra en un mensaje a la nación retransmitida por la televisión, al agudizarse un choque de poderes iniciado hace tres años y cerrarse las vías de entendimiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. "Es claro que la obstrucción y blindaje [del Parlamento a las iniciativas del presidente] no cesan y no habrá acuerdo posible [para cambiar la designación de jueces del Constitucional]", aseguró Vizcarra, mientras centenares de manifestantes congregados afuera del edificio del Parlamento celebraban su decisión. 

Por la noche, las manifestaciones que apoyan el cierre del Congreso se han replicado en varias ciudades, entre ellas Arequipa, Huaraz, Huancavelica y Piura. A las 21.15 (las 3.15 de la madrugada de este martes en la España peninsular), la mayoría parlamentaria —que hizo oídos sordos de la decisión de Vizcarra de cerrar el Congreso y continuó con sus funciones normalmente— ha encargado a la vicepresidenta, Mercedes Aráoz, que tome juramento y asuma como "presidenta en funciones" después de haber declarado la "incapacidad moral temporal" de Vizcarra. A esta sesión asistieron 86 de los 130 diputados, según el diario argentino Clarín. El ex oficial mayor del Congreso José Elice, sin embargo, indicó en declaraciones a la emisora Radioprogramas que no existe "ninguna previsión constitucional ni reglamentaria" para que se pueda llevar a cabo esa sustitución. Las fuerzas de Seguridad y el Ejército reconocieron ayer en un comunicado recogido por Reuters a Vizcarra como el presidente legítimo de Perú.
De acuerdo con la Constitución de 1993, cuando el Congreso rechaza considerar la confianza a dos proyectos de ley del mismo Gobierno, el presidente puede disolverlo y convocar a elecciones legislativas. El Parlamento ya había rechazado una cuestión en septiembre de 2017 que, sumada a la de ahora, cumple con los requisitos legales para que el presidente disuelva el Parlamento y adelante los comicios.  

En Lima, la capital del país (de 32 millones de habitantes), los ciudadanos ven las transmisiones de televisión del Congreso, cuya mayoría opositora se resiste a acatar la disolución. "Estamos viendo que la nombran [a Mercedes Aráoz] como presidenta. ¿Cómo es entonces?", se pregunta confundido un hombre de unos 60 años en un establecimiento del Parque Universitario. La incertidumbre ahora es total, pues ninguna de las dos partes reconoce a la otra.

'Caso Lava Jato'

La urgencia de la oposición por tener una mejor correlación de jueces afines en el Tribunal Constitucional se debe, entre otros motivos, a que esta semana el exdirector de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, volverá a declarar ante los fiscales por el caso Lava Jato. Se espera que informe sobre otros políticos peruanos a los que entregó dinero irregularmente, en forma de sobornos o fondos para financiar la campaña electoral.

La semana pasada, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se hizo eco de las preocupaciones del Ejecutivo, de abogados constitucionalistas y de sectores de la sociedad civil. La denuncia señalaba una “elección exprés” para cambiar la correlación de votos en la Alta Corte, cuando el tribunal ha empezado a dirimir recursos presentados por las defensas de los principales políticos y expresidentes investigados por corrupción y lavado de activos como parte del caso Lava Jato, relacionado a la constructora Odebrecht.

“La Comisión observa que este proceso de selección se realiza en un contexto político marcado por denuncias e investigaciones iniciadas sobre la participación de funcionarios de diversas entidades del sistema judicial en actos de corrupción, a través del tráfico de influencias, favorecimiento personal, abuso de poder y prevaricato, entre otros", expresó la CIDH el jueves. "Así como por procesos de selección de operadores de justicia que habrían sido afectados por la alegada existencia de un esquema de corrupción y de tráfico de influencias”, concluyó.

El País