Boris Johnson está demostrando una determinación y una temeridad que sus principales críticos nunca previeron. El primer ministro ha puesto en marcha este miércoles el mecanismo para poner fin al periodo de sesiones del actual Parlamento. Westminster concluiría su actividad dentro de dos semanas y permanecería congelado durante otras cuatro, hasta que Isabel II presidiera el próximo 14 de octubre la ceremonia formal de apertura de un nuevo periodo con el tradicional discurso de la reina, donde se marcan las líneas de actuación del nuevo Gobierno. Se produciría apenas 15 días antes del 31 de octubre, fecha definitiva del Brexit.

La maniobra resta a los grupos de la oposición un tiempo precioso para intentar bloquear a través de mecanismos parlamentarios la posibilidad de una salida del Reino Unido de la UE sin acuerdo, como ha asegurado Johnson que está dispuesto a hacer si Bruselas no cede a sus pretensiones.

El país se encamina de este modo hacia un choque constitucional sin precedentes, en el que se verá implicada involuntariamente la reina. Este miércoles se ha reunido con ella en su residencia de Balmoral (Escocia) un consejo privado con un reducido número de ministros, encabezado por Johnson,  para poner en marcha formalmente el procedimiento. La Reina ,obligada formalmente a ordenar el cierre del periodo de sesiones si así se lo pide el Gobierno,  no dispone de maniobra para impedir esa decisión. Isabel II ha dado su visto bueno a la petición del Gobierno y, en uso de su prerrogativa real, ha ordenado el fin del periodo de sesiones a partir del próximo 10 de septiembre.

Johnson ha intervenido esta misma mañana para intentar quitar hierro a la situación, y ha justificado la medida que pretende adoptar en la necesidad de que un nuevo Gobierno pueda echar a andar de un modo fresco e impulse todas las iniciativas legales que tiene preparadas. "Los diputados tendrán un margen amplio de tiempo para poder debatir sobre el Brexit antes del crucial Consejo Europeo del 17 de octubre", ha dicho. Pero no es lo mismo "debatir" que sacar adelante resoluciones legales con fuerza efectiva para impedir una salida de la UE sin acuerdo.

Los principales opositores al Brexit no han dejado de advertir a Johnson durante las últimas semanas de que, de tomar esta decisión, provocaría una crisis política de enormes dimensiones. El speaker (presidente del Parlamento), John Bercow, ya anunció durante el verano que lucharía con todas sus fuerzas para evitar que se retirara a la Cámara su voz en un momento tan crucial. "Esta maniobra representa un escándalo constitucional. Lo vistan como lo vistan es obvio que su propósito es impedir que el Parlamento debata sobre el Brexit y cumpla con sus obligaciones", ha dicho Bercow.

El exministro de Economía, Philip Hammond, uno de los más firmes opositores a que el Reino Unido abandone la UE sin algún acuerdo, ha reaccionado también con dureza extrema ante el anuncio de la suspensión del Parlamento: "Sería profundamente antidemocrático evitar que la Cámara ejerza su función de control al Gobierno durante una situación de crisis nacional como la actual", ha dicho.

El Partido Laborista había iniciado este martes reuniones con el resto de grupos de la oposición para dar con un mecanismo legal que lograra evitar un Brexit sin acuerdo. La decisión de Johnson de suspender la actividad parlamentaria les usurpa un tiempo crucial y complica las posibilidades de sacar adelante cualquier iniciativa legal. "Estoy escandalizado con la temeridad del Gobierno de Johnson, que no deja de hablar de la soberanía y se dispone a suspender el Parlamento para evitar el escrutinio de sus planes para un Brexit sin acuerdo", ha dicho el líder laborista Jeremy Corbyn en un comunicado público. "Es un escándalo y una amenaza para nuestra democracia", ha añadido, para pedir a continuación al primer ministro que someta a la votación de la ciudadanía sus planes si tiene tanta confianza en que serán respaldados.

El País