El próximo 26 de mayo se cumplirán 19 años de la entrada en prisión de Manuel Germán Ramírez Valdovinos, un mexicano acusado y sentenciado por el homicidio de un hombre que está vivo.

Manuel fue sentenciado por el homicidio de un hombre que disfruta de plena salud y vive feliz en Estados Unidos, mientras que el padre del "asesinado" cobró su seguro de vida de un millón de dólares.

A Manuel lo detuvieron la noche del 26 de mayo del 2000 en el poblado de Tepexpan, al oriente del Estado de México, cerca de la zona de las pirámides de Teotihuacán, la zona arqueológica más importante de México.

Tenía 22 años y había regresado de su trabajo como maestro de música en un colegio (además, los domingos tocaba en el coro de la iglesia de Tepexpan). Era jueves y había organizado con su entonces esposa Esther, una pequeña celebración por el primer mes de vida de su único hijo.

Alrededor de las 20 horas el festejo fue interrumpido. Un comando de ocho policías judiciales irrumpió con violencia en su domicilio encañonaron a los más de 20 asistentes y tras golpearlo brutalmente y esposarlo, lo subieron a la parte trasera de un auto sin patentes y con los vidrios polarizados. Le taparon la cabeza con una capucha y lo siguieron golpeando mientras lo llevaron a una comisaría. Nunca exhibieron orden de detención.



Al llegar allí lo presentaron ante la agente Araceli Godínez Sánchez, quien le dijo que lo habían detenido "porque había cometido un homicidio".

Tras 24 horas de detención, en la que fue colgado con cadenas, y desnudo le dieron descargas eléctricas y le tiraron agua helada para borrar evidencias, le mostraron la orden de detención y le formalizaron la acusación del "homicidio" de Manuel Martínez Elizalde.

Manuel se mostró asombrado. Conocía a ese hombre, ya que él ayudaba económicamente a los Martínez Elizalde porque “no tenían ni para comer”.

​Manuel recuerda que al ingresar al centro de justicia vio al padre de la presunta víctima reclamarle a los agentes: "A este no, que es hijo de mi compadre y se me va a armar". El comandante le respondió: "Usted nos encargó a tres pendejos y aquí están. Ahora se sostiene porque ya todo está armado con el Ministerio Público".

Después escucharía que el hombre acordaba el pago de 150.000 dólares de seguro para los agentes.

Ramírez Valdovinos fue ingresado en una cárcel del Estado de México, pasando de un juzgado a otro hasta que el titular del Juzgado Tercero de lo Penal, en Toluca, lo sentenció a 43 años de prisión por homicidio.

Toda la prueba que se presentó en su contra era una farsa. El cadáver que presentaron (supuestamente de Manuel Martínez Elizalde) era totalmente diverso del de la supuesta víctima. El tono de piel era diferente. El cadáver tenía 3 centímetros menos de estatura de la que tenía Martínez Elizalde. Y el cadáver no tenía cicatrices y Martínez Elizalde sí las tenía.

Ya preso y gracias a sus familiares, Manuel supo que el supuesto “muerto”, Martínez Elizalde, llegaba siempre a Tepexpan para participar en las fiestas patronales, vivía unos días en la inmensa casa que su padre compró con su seguro de vida, y luego se iba de vuelta a Estados Unidos donde vivía (y vive) con otra identidad, y con algunos cambios físicos (se cree que producto de cirugías plásticas).

Durante casi 19 años Manuel envió cartas a todos los jueces, magistrados y presidentes de Tribunales de México sin obtener respuesta. Envió también misivas a todos los gobernadores, pero tampoco obtuvo respuesta.

Su demanda de justicia llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dio entrada al caso, lo indagó y resolvió recientemente protegerlo mediante el Protocolo de Estambul, el cual tiene el mejor manual de investigación y documentación sobre Torturas, Castigos y Tratamientos Crueles, Inhumanos o Degradantes que existe en el mundo.

Lo sufrido por Manuel no se limitó a su persona. El personal de custodia del Centro de Prevención y Reinserción Social de Almoloya de Juárez, donde él está preso, provocó un aborto a su esposa tras someterla  a una revisión “exhaustiva” cuando, embarazada, intentó visitarlo.

Itzel del Campo, esposa de Manuel, cuenta lo que vivió: “Además del tacto anal y vaginal, me pusieron de cuclillas más de media hora, hasta que a punto de parir me llevaron a un hospital donde aborté”.

Y agrega: "Se comprobó que la persona que supuestamente mató mi esposo sigue con vida. Lo acusan de algo que no tiene sentido. Pido justicia y la libertad de mi esposo, que lleva preso 19 años por un delito que jamás se cometió, un delito fabricado. Es una falacia que en México exista Estado de Derecho".

De acuerdo con el Protocolo de Estambul, Manuel debería ser liberado  una vez que se gire la recomendación respectiva al gobierno de México, pero además de la liberación, tendrá que haber sanciones para los involucrados en un proceso penal plagado de irregularidades, los autores de los actos de tortura a los que fue sometido desde su detención e ingreso a la penitenciaría para obligarlo a que se declarara culpable, lo cual nunca hizo.

También tendrán que ser señalados, por omisión, los servidores públicos que tuvieron conocimiento de estos hechos y que no hicieron absolutamente nada para evitar las injusticias, tortura, sometimiento y agresiones personales y familiares de las que fue víctima.

Fuente: Diarios de México