El secretario de Energía, Javier Iguacel, quedó este jueves formalmente imputado por los delitos de abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público, a raíz de la decisión que dispuso que los usuarios pagaran en cuotas las diferencias de precio en las facturas de gas que reclamaban las prestadoras.

Aunque el Gobierno dio marcha más con esa medida y decidió que el Estado absorba las diferencias, lo cierto es que la causa judicial contra Iguacel se abrió formalmente en Comodoro Py 2002 y avanza.

La denuncia había sido impulsada por el fiscal Guillermo Marijuan y ahora su colega Paloma Ochoa, que tiene delegada la investigación, procedió a la descripción de la maniobra a investigar y la imputación para el funcionario.

Además, en su escrito pidió a la jueza María Servini que dicte una medida de no innovar para que el Gobierno suspenda por 60 días la aplicación de la cuestionada resolución 20/2018 de la Secretaria de Energía, indicaron fuentes judiciales. Todo esto pese a que el Gobierno ya anunció que no avanzará con la medida.

Marijuan había planteado que el mecanismo de recupero autorizado a las empresas distribuidoras del servicio de gas, a través del cobro en cuotas durante el lapso de dos años, provocan "un perjuicio al patrimonio de los consumidores".