Empieza a ser conocida como la "opción Córdoba" y podría convertirse en la salida de emergencia que le permitiría al proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo mantenerse con vida, al costo de volver en segunda revisión a la Cámara de Diputados, ante la fuerte resistencia que la iniciativa genera en la Cámara alta.

Cuando falta poco menos de un mes para que el tema sea discutido en el recinto de la Cámara alta, los sondeos muestran que 27 senadores apoyan el proyecto tal cual salió de Diputados; una, la neuquina Lucila Crexell (MPN), se abstendrá; y 10 mantienen el misterio sobre la postura que adoptarán. Ellos son Inés Blas, Ángel Rozas, Juan Carlos Marino, Daniel Lovera, Julio Martínez, Juan Carlos Romero, María Belén Tapia, Eduardo Costa y Omar Perotti.

Pero la clave no solo está en quienes no decidieron su voto, sino también en los 34 senadores que ya anunciaron que no están dispuestos a convertir en ley el proyecto, porque en ese lote conviven senadores decididamente antiabortistas con aquellos que apoyan la legalización, pero creen que la iniciativa debe ser modificada.

En este último grupo, que podría cambiar el rumbo del debate legislativo, se inscriben los senadores de Cambiemos Ernesto Martínez y Laura Rodríguez Machado y el peronista Carlos Caserio, representantes de Córdoba que anunciaron que impulsarán un dictamen con modificaciones.

En el caso de que haya modificaciones en el Senado, el proyecto debería regresar a la Cámara de Diputados, donde los legisladores solo tendrían dos caminos: la aceptación de los cambios del Senado o la insistencia con la versión original. En este último caso, le alcanzará con votar con la misma mayoría con que se le introdujeron los cambios. Por ejemplo, si los cambios se aprobaron en el Senado por mayoría simple (la mitad más uno de los presentes), en Diputados podrán ratificar la versión original con mayoría simple.
La introducción de la objeción de conciencia institucional, la eliminación de la inhabilitación a los responsables o profesionales médicos que se nieguen practicar un aborto y la extensión de la responsabilidad por la realización de la práctica al establecimiento "derivante", de ser necesaria una derivación, son los principales cambios que pedirán los senadores de Córdoba.

En diálogo con La Nación, el senador Martínez se manifestó "absolutamente en contra" del artículo 2 del proyecto, que penaliza con la inhabilitación de tres meses a un año, de uno a tres años si resulta en perjuicio de la salud o la vida de la solicitante, al titular de un establecimiento o al profesional de la salud "que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare a practicar un aborto" en los casos legalizados.

"Si despenalizamos el aborto no tiene sentido penalizar a un profesional por negarse a realizar la práctica; este artículo no debería continuar", dijo Martínez.

El legislador aclaró que, a pesar de las dudas iniciales, el dictamen que propondrá con sus pares cordobeses mantendrá la semana 14 como límite para la legalización del aborto. "Doce semanas serían tres meses y las otras dos semanas sería el tiempo que le toma a la mujer darse cuenta de que tiene un atraso; suena lógico", aseguró.

No obstante, Martínez manifestó su "firme postura" a favor de permitir la objeción de conciencia institucional. El proyecto solo contempla esa posibilidad con carácter individual para los profesionales médicos, obligando a todos los establecimientos médicos a ofrecer el servicio de aborto legal, seguro y gratuito.

Al respecto, Martínez consideró que esa medida se contradice con la ley 25.673 de salud sexual y reproductiva, que en su artículo 10 le concede a las instituciones confesionales que brinden servicios de salud exceptuarse de los alcances de la norma. "Si le permitimos abstenerse de repartir preservativos no veo por qué prohibirles la objeción de conciencia institucional cuando el aborto es un estadio superior", aseguró.

Otra modificación que incluirá la "opción Córdoba" está relacionada con el párrafo final del artículo 13, que habla sobre la derivación de la realización de un aborto de un establecimiento del sistema de salud a otro. El texto habilita esa práctica "en caso de ser necesaria" pero "siendo responsable de la efectiva realización el establecimiento derivante".

"Si el establecimiento derivó a la paciente no puede ser responsable de lo que haga otro profesional", aseguró Martínez. "Eso se contrapone con el concepto de responsabilidad civil", agregó.

Por último, los senadores cordobeses también pedirían aclarar casos puntuales como el de la implantación de un embrión.

"¿Al hablar de personas gestantes, en esos casos estaríamos permitiendo que hasta la semana 14 puedan arrepentirse de la decisión tomada? Esto hay que aclararlo", dijo.

Además de la propuesta de los legisladores cordobeses, que se conocerá recién dentro de tres semanas, pero ya generó el interés de varios senadores por conocer su redacción final, en los próximos días la senadora Crexell, que la semana pasada anunció su pase del voto negativo a la abstención, intentará poner sobre la mesa de debate un nuevo proyecto.

La legisladora calificó su iniciativa "como una propuesta intermedia" y, aunque aún no está redactada, dijo que apuntará a despenalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación. "Estoy trabajando en esta propuesta como una forma de protesta frente a la falta de diálogo, de opciones y la intransigencia de los sectores que no conciben que puede haber una línea intermedia", explicó la senadora del Movimiento Popular Neuquino, que se quejó por "la permanente polarización que siempre termina reduciendo las discusiones parlamentarias a lo mismo, al todo o nada".

Gustavo Ybarra / La Nación