Tras un día en vilo por el hallazgo de tres cadáveres en la frontera entre Ecuador y Colombia, el Gobierno de Juan Manuel Santos confirmó el viernes a última hora que los cuerpos encontrados corresponden a los tres civiles ecuatorianos secuestrados en marzo por un grupo disidente de las FARC y cuya muerte fue anunciada tres semanas después. El Ejecutivo ecuatoriano no ratificó la información y, en cambio, expresó, a través de Cancillería, su malestar por la filtración de información “sin una total verificación científica”.

Santos adelantó el jueves en redes sociales que el Ejército colombiano había localizado enterrados los restos de cuatro personas al sur del país, en el departamento de Tumaco. Pero no quiso confirmar la identidad de las víctimas hasta que se realizasen las pruebas de ADN. El Ministerio de Defensa de Colombia, finalmente, aseguró un día después en un mensaje en Twitter que, con un 99% de certeza, se trata de los tres trabajadores del diario ecuatoriano El Comercio que estaban en manos de Walter Arízala, alias Guacho, líder de un grupo disidente de las FARC. Las cartas dentales de los restos permitieron la identificación.

“La Policía me asegura que es altísimamente probable que los cadáveres sean de los tres miembros de la prensa ecuatoriana y del jefe de seguridad de alias Guacho”, explicó Luis Carlos Villegas, ministro de Defensa de Colombia a los medios, horas antes de que desde su cartera se indicara que las “cartas dentales dan una certeza del 99% sobre las identidades de los cuerpos de los periodistas ecuatorianos encontrados”. La identificación del ADN seguía pendiente.

Ante esta información, la Secretaría de Comunicación de Ecuador respondió con un desmentido, precisando que “los especialistas ecuatorianos que estuvieron en el proceso de tratamiento de los cuerpos señalaron que el examen de identificación a través de las cartas dentales aún no se ha realizado“.

La contradicción y la publicación en redes sociales de datos antes de comunicárselos a las familias, que ha sido constante en este caso, provocó una reacción de “extrema frustración y dolor” en los parientes del equipo periodístico asesinado y, en consecuencia, un roce diplomático entre los dos países. La cancillería ecuatoriana ha enviado una carta de protesta a su par colombiana en la que acusa a las autoridades vecinas de haber violados los protocolos internacionales y pide una investigación para encontrar a los responsables de la filtración, señalando a la cartera de Defensa y a la Policía. Además, pidió que “a futuro se difunda información sobre el proceso de identificación forense con estricto apego a los protocolos de la Cruz Roja Internacional y que, de la marcha de las investigaciones, se mantenga previamente informados, con la discreción y respeto debidos, a los familiares de las víctimas”.

El proceso forense de los cadáveres comenzó el viernes por la mañana, tras el traslado de los cuerpos hasta Cali desde la zona selvática que linda entre Colombia y Ecuador y coincidiendo con la llegada de una delegación de autoridades ecuatorianas y de familiares de las víctimas.

Pese a que Santos habló inicialmente de tres cadáveres, el ministro de Defensa colombiano informó después que se habían localizado cuatro cuerpos.

Desde el secuestro, el pasado 27 de marzo, del redactor Javier Ortega, de 32 años, del fotógrafo Paúl Rivas, de 45 años, y del chófer Efraín Segarra, de 60 años, los dos Gobiernos han cruzado declaraciones contradictorias como las que se referían a la nacionalidad de Guacho o al territorio en que se encontraban los secuestrados.

La muerte de los dos periodistas y su conductor agravó la ola de violencia que sacude el lado ecuatoriano de la frontera desde finales de enero. El asesinato de los tres primeros civiles conmocionó al país ya que, hasta entonces, se había considerado como un territorio solo de paso para el narcotráfico y que no había sido directamente atacado por grupos relacionados con el narcoterrorismo. Desde el inicio de los ataques en Ecuador, han muerto cuatro soldados, además de los tres trabajadores de El Comercio y hay una pareja secuestrada desde el 12 de abril, de la que el Gobierno no ha dado ninguna información oficial desde que confirmó el rapto.