“Ningún país ha oprimido a sus propios ciudadanos más completa o brutalmente que la cruel dictadura de Corea del Norte”. Así se expresaba Donald Trump en su discurso sobre el Estado de la Unión en enero de este año. Cinco meses más tarde, el presidente estadounidense se dispone a reunirse en Singapur con el líder supremo norcoreano, Kim Jong-un, en un lujoso hotel para tratar sobre desarme nuclear. Ya no llama a su contraparte “hombre cohete”, sino “Su excelencia”. Y la situación de los derechos humanos en el Norte parece que, en el mejor de los casos, solo se tratará de refilón.

“Vamos a abordarlo”, aseguró Trump a su marcha de Washington para participar en la cumbre del G7. Pero no precisó hasta qué punto, y las organizaciones de derechos humanos están preocupadas por que el logro de un acuerdo para el desarme norcoreano se anteponga a toda costa al bienestar de las personas.

Un informe de 2014 de la Comisión de la ONU para los Derechos Humanos sobre la situación en Corea del Norte denuncia incluso “crímenes contra la humanidad” en los campos de trabajo, las prisiones ordinarias y contra los creyentes religiosos y otros grupos considerados subversivos.

“Estos crímenes contra la humanidad incluyen la exterminación, asesinato, esclavitud, tortura, prisión, violaciones, abortos forzados y otra violencia sexual, persecución por motivos políticos, religiosos, raciales o de género, el desplazamiento forzados de población, la desaparición forzosa de personas y el acto inhumano de causar hambruna prolongada a sabiendas”, apunta el documento.

Entre 80.000 y 120.000 personas, según Amnistía Internacional, se encuentran detenidas en los campos de trabajo para prisioneros políticos, donde “se encuentran en riesgo de tortura, trabajos forzados y otros maltratos, así como de ser ejecutados”. Persisten las dificultades para comunicarse con el exterior entre una censura de hierro y la prohibición de abandonar el país sin permiso de las autoridades. Quienes intentan entrar en contacto con sus familiares fuera puede verse vigilado, hostigado o incluso detenido.

“El aumento del diálogo de Corea del Norte con otros países es un paso positivo, pero antes de que el mundo se emocione demasiado hay que recordar que Kim Jong-un sigue al frente del sistema más represivo del mundo”, ha indicado Brad Adams, director para Asia de Human Rights Watch. “Como el Consejo de Seguridad de la ONU ha reconocido, los abusos de los derechos humanos en Corea del Norte y las amanezcas contra la paz y la seguridad están conectados intrínsecamente, por lo que toda conversación sobre seguridad debe incluir los derechos humanos”.

Algunos analistas y políticos han defendido el silencio como una maniobra táctica. En el pasado, Kim Jong-un ha reaccionado con ira a las denuncias sobre los abusos en su país. Sacarlos a relucir ahora, según este razonamiento, podría poner en peligro todo el proceso de negociación.

“Estamos a favor de los derechos humanos, siempre lo hemos estado y seguiremos así, es como somos. Pero si cargamos demasiado y se intenta resolver todo al mismo tiempo, creo que entonces encaminamos esto al fracaso”, ha dicho esta semana en el Congreso de EE UU el senador republicano James Risch.

Es una opinión que el relator de la ONU para derechos humanos en Corea del Norte, Tomás Ojea Quintana, rechaza. Si los derechos humanos se ponen sobre la mesa y Corea del Norte acepta ese diálogo, “sería una señal hacia los distintos Estados interesados, la comunidad internacional, de que el compromiso de Corea del Norte es serio, completo y responsable”. Para Pyongyang, podría incluso convertirse en una herramienta clave en las negociaciones, agrega: “podría demostrar que es creíble en cuanto a sus intenciones”.

“Corea del Norte tiene una oportunidad en este momento de mostrarle al mundo que también, en forma paralela a la desnuclearización, tiene intención de cooperar y tener relaciones normales, serias, de cooperación con el mundo”, apunta el relator de la ONU.

Cerca de 300 ONG de todo el mundo han enviado una carta a Kim Jong-un esta semana para reclamarle que acometa reformas y ponga fin a los abusos.

A lo largo de su primer año de mandato, a medida que la retórica fue cada vez más incendiaria, Trump no se recató en sacar a relucir los problemas de derechos humanos en el Norte. En noviembre en Seúl, en un discurso ante la Asamblea Nacional, describió la vida allí como “un infierno que no merece nadie”. En su discurso sobre el Estado de la Unión invitó a un disidente norcoreano, Ji Seong-ho, y a los padres de Otto Warmbier, el estudiante detenido en Pyongyang en 2016 por robar un cartel y que fue devuelto un año más tarde en coma, para morir a los pocos días sin que hasta ahora esté claro qué le sucedió.

Pero desde que el inquilino de la Casa Blanca aceptó, para sorpresa de propios y extraños, reunirse con su hasta entonces némesis, esa retórica dura ha desaparecido como por ensalmo. En su reunión del 1 de junio con el hombre de confianza de Kim Jong-un, Kim Yong-chol, en Washington, los derechos humanos no salieron a relucir en absoluto, según ha admitido el propio Trump.

“Desafortunadamente, las indicaciones por ahora son que el presidente Trump ve los derechos humanos como una herramienta para conseguir que Kim venga a la cumbre, pero no como un objetivo clave de la reunión y de nuestra política hacia el Norte”, ha escrito Robert King, antiguo enviado para Derechos Humanos del presidente de EE UU Barack Obama (2009-2017), en la página web del think tank estadounidense CSIS.

Aunque Trump ha mantenido abiertas las opciones. Tras su reunión con Kim Yong-chol, y preguntado si abordaría el asunto con el líder supremo norcoreano, replicó que “podría ser. Creo que probablemente lo haremos, y puede que en gran detalle”.

El País