Finalmente apareció el decreto que reglamenta la ley aprobada en el Congreso en 2015, que dispuso la indemnización a quienes tienen juicios iniciados contra el Estado por las explosiones de la Fábrica Militar Río Tercero, hecho que ocurrió en el año 1995.

El abogado Mario Ponce confirmó que la indemnización “varía según los casos”, aunque la suma fija que cobrarán sus representados es de 140 mil pesos aproximadamente.

Alrededor de 10 mil serán las personas que cobrarán esa suma. El abogado confirmó que aquellos que ya cobraron otro resarcimiento por daño moral recibirán la diferencia, si es que el monto percibido fue menor a los 140 mil pesos.

“Era algo sumamente necesario porque es lo que va a permitir que la ley se pueda aplicar. Eso significa en pocas palabras, una larga historia de 22 años ha concluido. Sólo resta materializar el cobro previsto en la ley”, planteó el Ponce.