“En Córdoba, avanzar en cualquier tipo de limitación de atención es imposible, la Constitución no lo permite, va contra toda la doctrina. ¿Cómo le decimos ‘no’ a un boliviano que debe hacerse una cirugía determinada si nosotros tenemos los medios para hacerlo? ¿Cómo le explicamos a la mamá de un niño jujeño, que viene sin derivación por una cardiopatía congénita, que no lo vamos a recibir? .

Las palabras del ministro de Salud, Francisco Fortuna, resumen la postura del Gobierno provincial respecto de la presentación de un proyecto de ley en el Congreso Nacional para avanzar en la restricción de la atención de extranjeros en el sistema de salud pública. Este proyecto va en línea con la decisión de Jujuy de arancelar algunas prestaciones médicas a gente llegada de países limítrofes, especialmente bolivianos.

En diálogo con La Voz, Fortuna explicó que “el Estado debe garantizar la salud pública”, a través de instituciones de gestión ya sea pública como privada, y que la clave está en concentrarse en lograr “optimizar los sistemas de recupero”.

“Nosotros, desde el Estado, tenemos que ser pragmáticos y hacer todo lo posible para gestionar y luego recuperar esa inversión en la salud de los pacientes, por complejo que esto sea”, agregó el funcionario.
 

Cubiertos y descubiertos

Según datos del Ministerio de Salud, en la provincia hay alrededor de 1.250.000 personas sin ningún tipo de cobertura médica. Sin embargo, en los dispensarios y hospitales provinciales se atienden e intervienen otras 350 mil que sí tienen resguardos de salud.

Son pacientes que están protegidos de alguna manera por obras sociales, seguros de salud, prepagas o las diferentes aseguradoras de riesgos del trabajo (ART). En ese universo están la gente de otras provincias y, también, los extranjeros.

“Nosotros atendemos a todos por igual, pero, en estos casos, hemos optimizado la gestión de recupero”, dijo el ministro, y aclaró que, por este mecanismo, en 2017 se logró recaudar 400 millones de pesos, un número mucho más elevado que los 69 millones que se recuperaron en 2013.

Esto se logró, en parte, con el avance en la informatización de las fichas médicas. En el ingreso de los pacientes, se les pregunta si tienen alguna obra social, pero, incluso si estos no lo dijeran, igualmente se entrecruzan datos para verificarlo. Si llegaran a tener, una vez dada la prestación, se procede a los trámites para poder recuperar el dinero.

En la última reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa), donde se encuentran todos los ministros del área del país, incluidos representantes de la Nación, se avanzó en un acuerdo federal de compensación entre las provincias para organizar algún tipo de sistema que permita agilizar las transferencias por coberturas de salud cruzadas. A Córdoba le interesa, ya que, por su aparatología y por sus profesionales, es centro de recepción de pacientes de otros distritos.

Además, en una reunión con los responsables sanitarios de los países del Mercosur, también se comenzaron negociaciones para lograr un sistema similar con otros países a través de la Nación. “Eso sería lo ideal”, dijo Fortuna.
 

El “recupero”: de qué se trata

Por esa vía ingresaron, en 2017, 400 millones de pesos.

En los hospitales públicos de Córdoba se atiende sin cobrarles nada a cordobeses sin obra social y, también, a los que tienen alguna cobertura médica. En este caso, se gestiona luego el cobro a las empresas u organismos respectivos (prepagas, ART, aseguradoras). En ese grupo están los que vienen de otras provincias (muchos del noroeste y de San Luis) y los extranjeros.
 
Fuente: La Voz