Cinco definiciones conceptuales para evitar malentendidos, contrarrestar prejuicios, ablandar tabúes, y establecer una base para el debate sobre la educación universitaria y las orientaciones que eligen los jóvenes:

1 Las universidades públicas deben seguir siendo gratuitas.

2 Todo egresado del secundario tiene el derecho de estudiar en la universidad pública.

3 La universidad es parte del sistema educativo, y sus problemas no pueden resolverse fuera de contexto.

4 Toda mejora presupuestaria bien orientada es muy bienvenida.

5 Las ciencias sociales son imprescindibles como fuente de conocimiento y como factor contributivo al desarrollo productivo.

Dejando eso en claro, viene la pregunta incómoda sobre qué hacer con las carreras superpobladas en las universidades públicas.

¿Qué es una carrera superpoblada? Aquella que tiene muchos más estudiantes de los que el mercado laboral va a necesitar dado cierto patrón de desarrollo. En otras palabras, carreras que no son prioritarias para determinado perfil productivo, y que al tener muchos estudiantes/egresados van a generar frustración.

Obviamente que no hay un único perfil productivo y que el patrón de desarrollo se determina socialmente y con una gran influencia de la orientación de los gobiernos. Por ejemplo, un país que promueve la industria necesita más ingenieros que en caso contrario; un modelo que pretende cierta autonomía de conocimiento requiere más investigadores en ciencias básicas.

Pero más allá de las definiciones teóricas o abstractas, hay datos que alcanzan para demostrar que hay carreras superpobladas para cualquier futuro imaginable de la Argentina. Según la última estadística disponible del Departamento de Información del Ministerio de Educación, en el 2015 había en el conjunto de las universidades estatales 1.830.000 estudiantes, de los cuales se recibieron 83.000, si se asume que el promedio de las carreras es de 5 años, ese número se lo podría multiplicar por cinco y aún así es muy bajo.
 

La superpoblación es indiscutible. La bajísima proporción de egresados es todo un síntoma. ¿Y un despilfarro?

El presupuesto del Estado Nacional para 2018 destinado a las universidades públicas, es de $100.900 millones, equivale al 3,5% del presupuesto total. Un montón de dinero.

¿Es socialmente razonable que una parte considerable de ese presupuesto se utilice en cubrir los gastos de carreras superpobladas?
¿No sería lógico que el Estado interviniese para modificar esa situación? Más aún, si se considera que así como hay carreras superpobladas en las universidades nacionales, hay otras con menos estudiantes y egresados de los que requeriría un modelo de país con ambición de desarrollo productivo, científico y tecnológico.

Según la fuente de información ya citada:

* En las cuatro carreras de ciencias básicas (biología, química, física y matemáticas) de universidades estatales en 2015 había 53.200 estudiantes, de los cuales egresaron 2.600. Muchos menos que Psicología, Artes, Ciencias de la Comunicación, y no alcanzan a los de Sociología, Antropología y Psicología Social;

* En Informática 82.500 estudiantes y 2.700 egresados;

* En carreras de ingeniería 199.000 y 8.500.

Si bien en estas dos últimas carreras el número de estudiantes no es bajo, los egresados son pocos y están lejos de cubrir la demanda de mercado de esos profesionales.

Sergio Kaufman es presidente de Accenture, una de las firmas que más intensamente contrata ingenieros e informáticos. En el último año contrató en promedio un total de 100 profesionales por mes, pero dijo a Infobae: "estamos teniendo muchas dificultades para conseguir ingenieros e informáticos". Y agregó: "extrapolando nuestros números, estimo que el mercado podría absorber el doble de ingenieros e informáticos, si los hubiera".

Faltan ingenieros e informáticos y no hay trabajo para los psicólogos, licenciados en comunicación social, sociólogos y demás estudiantes de ese tipo de carreras.

¿No debería hacer algo la política para reorientar esfuerzos? Algo hace. Por ejemplo, el Ministerio de Educación con el Programa Estratégico de Formación de Ingenieros (PEFI), que a través de incentivos tuvo algún resultado positivo en atraer y retener estudiantes. Pero resulta muy insuficiente.

Una alternativa complementaria a los incentivos sería establecer cupos para las carreras superpobladas, al que accederían quienes mejor superen un examen de ingreso.

Este tipo de propuesta genera dos reacciones en contra. En un intercambio por twitter, el ingeniero Enrique M. Martínez objetó que "eso sería concebir a la universidad como un centro de formación para el mercado de trabajo, en lugar de un espacio para aumentar la capacidad de entender el mundo", y agrega que "el problema no se resuelve con medidas restrictivas que terminan siendo elitistas, ya que hay quienes pueden pagar cursos privados y quienes no".

El cupo no es una prohibición

La restricción al ingreso surgiría de una decisión política de establecer límites y supeditar el derecho individual a estudiar lo que uno quiere a la utilidad social de la inversión en educación. En cuanto al elitismo, la universidad pública podría facilitar cursos de apoyo; pero además cabe recordar que el acceso seguiría siendo libre, gratuito e incluso incentivado para carreras no superpobladas o consideradas prioritarias.

Axel Rivas, experto en educación del Cippec, explica a Infobae que "la Argentina es uno de los pocos casos en el mundo de universidad gratuita y de libre acceso, con todo lo bueno y malo que eso conlleva".

Con un criterio economicista, agrega el experto, "tiene de malo que es un gasto regresivo porque es aprovechado por sectores de clase media y alta fundamentalmente, y habría que ver cuál es el retorno social de ese gasto". Pero a eso contrapone como positivo, "que es un sistema inclusivo, democratizador y desde la lógica del beneficio individual contribuye al conocimiento, que también es un beneficio indirecto para la sociedad".

Rivas plantea como pregunta "qué tipo de formación tiene que ofrecer la universidad pública: ¿debe el Estado financiar una carrera de marketing, o ese tipo de formación debe ser dejado a la universidad privada?".

Un ejemplo de estado interventor en la educación universitaria es el brasileño, a partir de un sistema creado durante la presidencia de Fernando Henrique Cardoso y profundizado durante la gestión de Lula da Silva. En síntesis, consiste en que todos los egresados de secundaria que aspiran a estudiar en la universidad rinden en noviembre el Examen Nacional de Enseñanza Media (Enem), y en base a los resultados el Sistema de Selección Unificada facilita o restringe la inscripción en universidades públicas y privadas.

La admisión en universidades públicas en Brasil es mucho más competitiva que en las privadas porque son gratuitas y, en general, de mejor calidad. En las públicas suele haber diez candidatos por plaza y en las privadas sólo dos. Cada universidad establece su exigencia de resultado en el Enem como piso para la aceptación.

Este año se celebra el centenario de la Reforma Universitaria. Sería un homenaje a ese hito histórico que este tema se debata con seriedad, apertura mental y honestidad intelectual.

Infobae