Según recientes declaraciones del presidente Mauricio Macri, que hicieron pública distintos medios, manifestó que “Después de 16 años, la Argentina salió de la emergencia económica que había sido establecida por primera vez el 6 de enero de 2002 -en medio de una crisis política, económica y social sin precedentes- y prorrogada cada dos años por los gobiernos que se sucedieron desde entonces”.

Pero más allá de estas declaraciones, la situación económica del país  no es de la más alentadora, dado que si bien el gobierno actual dice que “bajan los precios”, esto no se observa para nada en la realidad diaria de un trabajador. Es   justamente el mismo gobierno que al lugar de dar ejemplo, es el primero que provoca inflación aumentando tarifas, combustibles, peajes  e impuestos, lo que genera una situación demoledora para el bolsillo de los asalariados de bajos ingresos.

La inflación de Argentina es un cuento de nunca acabar y los “formadores de precios” abusan de situaciones favorables para establecer márgenes de ganancias desproporcionadas que deben soportar incautamente los consumidores, dentro de los “formadores de precios” el estado es el abanderado y si este no es mesurado y cauto el descontrol cunde. Que es lo que está sucediendo en nuestro país desde hace décadas.

Indudablemente que este es un país desordenado  en todos los aspectos de su economía como lo es también en todos los aspectos de su administración,  causa por la cual ha permitido tanta corrupción y desorden, consecuencia clara que gran parte de los gobernantes abusaron del poder  y se mezclaron en acciones incorrectas que favorecieron los actos ilícitos.

Ante esta situación hoy la justicia, con aires favorables toma acciones correctivas, las cuales generan un enorme costo político al actual poder ejecutivo. Así es que observamos algo insólito en Argentina, el encierro de altos funcionaros en la cárcel sospechados por corrupción, quienes  manifiestan a todas voces que son “presos políticos”  pero la sociedad sensata en general se da cuenta  de que son personas que cometieron acciones delictivas  estando en sus funciones de gobierno y se olvidaron que juraron por la patria en el momento de asumir cuando aceptaron que si no cumplían con sus funciones  “…Dios y la Patria lo demanden”, bueno ahora la patria los está demandando acusándolos de corrupción  y ellos tienen la posibilidad de demostrar su inocencia ante la justicia. Concretamente, no son presos políticos, son personas acusadas de actos delictivos.

La corrupción que cometen nuestros gobernantes la paga todo el pueblo  y la paga sin piedad no podemos olvidarnos  que en el año  2002, la pobreza había alcanzado  al 49,7% de la población y la indigencia al 22,7%. Con un desempleo del 40,2%. 

Si bien hemos avanzado sobre este tema  tan acuciante,  aun a la fecha  la pobreza es muy alta y  alcanza al 28,6% de la población según el Indec y al 31,4 según el Observatorio de la UCA; la indigencia, al 6,2. Y el desempleo está en el 8,3% de la población.

¿Será capaz el gobierno actual de revertir esta situación  y bajar por lo menos en un 80% el índice de pobreza y desempleo?  ¿Será capaz la Justicia Argentina  de juzgar con ecuanimidad a las personas acusadas de corrupción y encerrar a los ladrones y delincuentes  que estafan a los ciudadanos de honestidad y trabajo, más allá del signo político al que pertenezcan? Si esto se da en nuestro país con firmeza y decisión  indudablemente  que vamos camino a la república  que es lo que millones de ciudadanos aclaman. 
 
Walter Bonetto 
walterbonettoescritor@gmail.com