El Gobierno prevé modificar la manera en que se actualiza periódicamente el valor de las jubilaciones y pensiones que gestiona la Anses. La iniciativa implica utilizar sólo el índice de inflación y hacer ajustes en forma trimestral. De esta manera, quedaría eliminada la fórmula actual que, entre sus variables, contempla la variación de los salarios de los trabajadores activos y la evolución de la recaudación de impuestos que, en parte, se destinan al pago de las prestaciones de la seguridad social. Según la ley 26.417, los ajustes a las jubilaciones se aplican dos veces al año, en marzo y septiembre.

Desde el año de su puesta en vigor, 2009, y si se considera para el período allí iniciado y hasta 2015 el índice de inflación estimado por consultoras privadas (ya que por entonces estaba destruida la credibilidad del Indec), lo otorgado en siete de los nueve años superó al incremento de precios. Hubo dos períodos en que ocurrió lo contrario: en 2014 y en 2016, con caída de la actividad económica y salarios reales en baja, los jubilados perdieron poder adquisitivo.

La fórmula actúa de tal manera que el crecimiento económico (que impacta en la recaudación impositiva) y la suba de los salarios reales, dan lugar a aumentos de los haberes previsionales por arriba de la inflación. Y ese es el escenario esperable, por ejemplo, para 2018.

Si se consideran los índices de inflación mencionados (incluidos los difundidos por legisladores en el Congreso, que, a su vez, eran estimados por consultoras privadas), se puede concluir que si los haberes se hubieran ajustado en los últimos años sólo por la inflación -es decir, tal como ahora busca hacer el Gobierno-, los montos que cobran los jubilados serían alrededor de un 20% más bajos que los actuales. La jubilación mínima, por ejemplo, estaría actualmente algo por debajo de los $ 6.000, en lugar de los $ 7.246 vigentes (en bruto).

No sólo los ingresos de los jubilados se ajustan según el índice de movilidad. También dependen de su evolución los montos cobrados por prestaciones sociales como la asignación universal por hijo (AUH) y el salario familiar del sistema de la seguridad social. Además, el índice se utiliza para ajustar el monto de los aportes previsionales de los autónomos y la remuneración tope para el cálculo de los aportes personales con destino al régimen jubilatorio, la obra social y el PAMI. El proyecto del Gobierno contempla eliminar ese tope -hoy de $ 81.918- cuando se trata del descuento para las jubilaciones (del 11%).

En el caso del monotributo, el año próximo comienza a regir la normativa que ordena subir periódicamente, según el índice de movilidad, tanto los límites de facturación para estar en el sistema y para permanecer en cada categoría, como los montos a pagar mensualmente. Para enero próximo, de hecho, está previsto un incremento de esas variables del 28%, que equivale a la suba que acumularon las jubilaciones en 2017.

Silvia Stang / La Nación