La mayoría de las cooperativas que brindan energía eléctrica en el interior provincial cobra un plus bajo el concepto de “mayores costos operativos”. Ese adicional termina siendo la razón principal de la diferencia de tarifa entre los usuarios de ciudades con servicio de la empresa provincial EPEC y los de localidades con cooperativas.

La modalidad no es nueva y la discusión por su aplicación tampoco. Pero en las últimas semanas se encendió una polémica mayor a partir del conflicto abierto en Río Tercero, donde un grupo de vecinos autoconvocados se mantiene en protesta por el incremento observado en la última facturación. Ante la suma de ajustes decididos por la Nación y la EPEC, el “mayor costo” local –que en esa ciudad actualmente es del 27 por ciento sobre el consumo– y otras cargas agregaron impactos.

Fue tal la controversia en Río Tercero que intervino el Ente Regulador de Servicios Públicos de la Provincia (ERSEP) y suspendió los aumentos aplicados el último mes mientras analiza lo cobrado por esa cooperativa eléctrica, la de más usuarios en Córdoba. Los vecinos movilizados piden una revisión global de la facturación.

La mayoría de las 204 cooperativas eléctricas cordobesas aplican ese plus. Lo hacen, con la tolerancia del Ersep y sin reglamentación alguna, desde 2002, en coincidencia con el último contrato de concesión otorgado por la Provincia.Desde la Federación de Cooperativas Eléctricas y de Servicios Públicos de Córdoba (Fecescor) admiten que es muy variable: algunas cobran un adicional del cinco por ciento y otras llegan al 70, sobre el valor de la energía.

El ERSEP no lo reguló durante 16 años. Pero el 28 de diciembre pasado –con los valores ya crecidos por los ajustes de tarifas sucesivos– decidió tener alguna injerencia. Con una resolución, dictaminó que ahora ese adicional se aplicará si media una autorización de ese ente, según confirmó a La Voz Mario Blanco, titular del ERSEP.

La resolución establece que ese ente provincial analizará la pertinencia de ese cobro y requerirá una audiencia pública para su tratamiento, aunque no en todos los casos sino “cuando lo considere conveniente”. Sería una audiencia anual y conjunta, para todas las cooperativas, y no una en cada localidad, según admitió Blanco.

La medida –confirmó– también aplica a las cooperativas que cobran “cuota capital”, otra modalidad para sumar adicionales a las tarifas que les autoriza la EPEC.

El Ersep no objeta la legalidad de esas prácticas. Ahora, sólo pretende observar su razonabilidad.
 

“Es legal”

Luis Castillo, presidente de Fecescor, indicó que “casi todas” las cooperativas cobran ese plus, que “es legal” y que el contrato entre la Provincia y las cooperativas como concesionarias establece que “en caso de que por costos operativos o por economías de escala, la concesionaria deba compensar diferencias tarifarias, podrán requerir aportes a sus socios”.

Castillo justificó ese cobro para mantener el servicio y financiar inversiones. Marcó que, sobre todo para las cooperativas más chicas, es más costoso prestar el servicio con pocos usuarios por cuadra, comparado con ciudades mayores.

Fecescor insiste desde hace años en que las cooperativas no son reconocidas como distribuidoras sino que Epec les cobra un precio de energía como si fueran grandes consumidores y que a partir de ahí deben brindar el servicio a sus usuarios, por lo que se les complica equiparar las tarifas de la empresa provincial.

Desde el ERSEP, en tanto, relativizan ese argumento.

Desde otros sectores suelen apuntar que, con las tarifas de energía, las cooperativas subsidian otras prestaciones que brindan en sus comunidades.

En las cooperativas temen por estos días que la reacción generada en Río Tercero se reproduzca en otras localidades.

Fuente: La Voz